Tratando de evadir la presión internacional y blindar sus actuaciones ante el pueblo, el presidente Nicolás Maduro le pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que investigue lo sucedido en las cuestionadas elecciones en las que resultó ganador por tercera vez consecutivo. Pero, ¿qué tantas garantías de independencia ofrece dicho organismo?
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El jefe de Estado venezolano se presentó ante los magistrados de la entidad, acompañado de varios miembros de su gabinete, según consta en un video publicado en su perfil de la red social X. Les entregó un informe de las votaciones del pasado domingo y aseguró que estaba dispuesto a presentar todas las actas de los sufragios.
“Apelando a la Constitución de Venezuela, me he puesto a la orden para ser sometido a cualquier investigación que sea requerida por el TSJ. De manera soberana, canalizaremos esta situación y la vamos a superar con la ley y las instituciones. Venezuela tiene una clase obrera consciente, movilizada y alerta. ¡Habrá paz y justicia en Venezuela!”, trinó después.
Para el Centro Carter, una de las entidades internacionales que participaron en la veeduría de las elecciones presidenciales, el TSJ no ofrece ninguna garantía de transparencia.
Jennie K. Lincoln, el coordinador de la delegación de esa ONG en el país suramericano, expresó que “no se trata de una evaluación independiente”. Desde su punto de vista, no es más que “otra institución gubernamental, que es designada por el Gobierno, para verificar los números del Gobierno para los resultados de las elecciones, que están en duda”.
La independencia de poderes en la nación vecina es cuestionada desde los tiempos en los que gobernaba Hugo Chávez Frías (1999-2013), quien se encargó de instalar militantes de su partido en todas las jefaturas importantes del poder público, incluyendo la Fiscalía (Ministerio Público), la Asamblea Nacional (Congreso) y el Consejo Nacional Electoral.
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Este control de todas las ramas continuó en cabeza de su sucesor, Nicolás Maduro, quien ha instrumentalizado las instituciones oficiales para perseguir a sus opositores políticos y blindarse de investigaciones judiciales o disciplinarias en contra.
Maduro le pidió al TSJ que verifique un supuesto ataque cibernético al Consejo Electoral y que cite a todos los candidatos para entrevistarlos.
Uno de los antecedentes cercanos sobre las decisiones presuntamente amañadas del tribunal, que consta de 20 magistrados, se presentó justamente en las citadas elecciones presidenciales.
En enero, su sala Político Administrativa ratificó una sanción de la Contraloría en contra de la entonces candidata opositora María Corina Machado, y la inhabilitó para presentarse a cargos públicos hasta el año 2034. Por esta razón, en las urnas fue reemplazada por Edmundo González, quien pese a lo dicho por el Consejo Nacional Electoral, reclama la victoria.
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