Ecuador atraviesa una crisis política que terminó con dos personas asociadas a la vicepresidencia: Verónica Abad, titular suspendida, y Sariha Moya, designada como vicepresidenta interina, en el marco de tensiones entre Abad y el presidente Daniel Noboa.
El pasado 11 de noviembre, el gobierno designó a la ministra de Planificación, Sariha Moya, vicepresidenta interina por la suspensión por cinco meses de Abad, quien sostiene una tensa relación con el mandatario.
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Moya “será la nueva vicepresidenta encargada”, señaló la sede del Ejecutivo en un comunicado, tras la suspensión de Abad ordenada el sábado por el ministerio de Trabajo debido al “abandono injustificado” de sus funciones, que equivale a una “falta grave” a la ley de servicio público.
Damián Armijos, abogado de Abad, indicó que la defensa presentó una acción legal “impugnando” la suspensión, que en la práctica le impedirá a Abad asumir la presidencia cuando Noboa se lance en campaña por la reelección a partir de enero, como determina la ley.
Su equipo legal también acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el abogado. “Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta para que no se rompa el orden constitucional”, expresó Armijos a la prensa.
El Ejecutivo sostuvo que Moya, de 36 años y a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación, fue designada de acuerdo a la Carta Magna, que establece que “en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia”.
“Con su experiencia y compromiso (de Moya), se mantendrán los ejes de trabajo alineados al Gobierno Nacional”, agregó el comunicado.
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Moya es máster en economía con experiencia en el desarrollo e implementación de la planificación estratégica y operativa de programas y proyectos públicos, según su despacho.
Noboa y Abad, ambos empresarios y con poca experiencia política, fueron la sorpresa en los comicios anticipados del año pasado al ser elegidos en binomio, pero mantienen una tirante relación desde la campaña previa.
Poco después de asumir sus cargos, en noviembre de 2023, el mandatario, de 36 años y que se autodefine de centro-izquierda, nombró a su vice para que ocupe el cargo de embajadora en Israel, lo que profundizó la ruptura.
En septiembre último, ante una escalada del conflicto en Israel, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad. Para la suspensión de Abad, la cartera de Trabajo argumentó que la funcionaria debía instalarse en Ankara hasta el 1 de septiembre, pero que llegó cinco días después.
En agosto, Abad, de 47 años, denunció a Noboa por violencia de género ante el máximo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con miras a inhabilitarlo para el cargo, una acción que aún está en trámite y que el gobernante tildó de “traición”.
Abad calificó de “grosera violación” a la ley la decisión de suspenderla sin sueldo por 150 días (hasta abril).
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“Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas”, aseguró en un video difundido en sus redes sociales.
Sostuvo que se trata de una maniobra “con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña”.
Noboa, que según las encuestas lidera la intención de voto, buscará ser reelegido en febrero para el período 2025-2029. La campaña empezará en enero y en esta ocasión su compañera de fórmula será María José Pinto, actual secretaria del programa gubernamental contra la desnutrición infantil.
Tras ser enviada a Israel, Abad pasó a ser una fuerte crítica del gobierno y ha protestado por lo que considera una “persecución” en su contra tras la detención de un hijo por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía también incluyó a la funcionaria en esa indagación, pero el Legislativo no autorizó un juicio penal en su contra.
“Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara (...) para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección”, expresó Abad.
El 5 de noviembre, el TCE multó a Abad con 8.500 dólares por considerar que realizó campaña anticipada en redes sociales para los comicios de 2023.
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