El equipo legal del expresidente Donald Trump planea utilizar la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que concede inmunidad presidencial parcial, para atacar las pruebas en su contra en sus cuatro casos penales, según fuentes cercanas a su estrategia, que reveló el diario CNN.
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La decisión, que fue redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, fue considerada una “gran victoria” por los abogados de Trump, ya que esto establece que Trump goza de inmunidad presidencial “absoluta” para sus poderes constitucionales fundamentales. Sin embargo, esto no aplica para actos no oficiales.
Esto abre nuevas posibilidades de defensa en los dos casos federales pendientes, el procesamiento estatal en Georgia, y su condena por 34 cargos de delitos graves en Nueva York.
En el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago, los abogados de Trump argumentarán que el fallo requiere excluir pruebas relacionadas con el tiempo que Trump estuvo en el cargo y cómo los documentos clasificados llegaron a su poder. Esta estrategia apunta a que dichos actos serían considerados oficiales y, por tanto, protegidos por la inmunidad presidencial.
En Nueva York, el equipo legal de Trump planea usar el fallo para impugnar su condena relacionada con el caso de pagos de dinero por silencio a Stormy Daniels. Se espera que argumenten que ciertas pruebas presentadas en el juicio deberían ser excluidas bajo la nueva definición de actos oficiales.
En el caso federal de subversión electoral, los abogados de Trump confían en que la decisión del lunes podría resultar en la desestimación del caso presentado por el fiscal especial Jack Smith.
La decisión de la Corte Suprema podría socavar partes de la acusación relacionadas con la presión sobre funcionarios del Departamento de Justicia y otras acciones durante su mandato.
Finalmente, el fallo también podría impactar los cargos de subversión electoral a nivel estatal en Georgia. Los procedimientos en este caso están en pausa mientras se considera la descalificación de la fiscal de distrito Fani Willis. Si el caso sigue adelante, el tribunal de Georgia tendría que realizar un análisis similar sobre la inmunidad presidencial.
Esta estrategia legal apunta a debilitar los cargos contra Trump utilizando la reciente definición de inmunidad presidencial, lo que podría influir significativamente en los resultados de sus casos penales.
Recientemente, se conoció que la Corte Suprema remitió a un tribunal inferior el tema de la inmunidad penal que Donald Trump reclama, retrasando aún más su juicio por haber presuntamente intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020.
Pero por seis votos de los magistrados conservadores contra tres (los de los progresistas), el tribunal dictaminó que un presidente goza de cierta inmunidad procesal.
El presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, escribió en nombre de la mayoría que un presidente disfruta de “inmunidad absoluta” frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras estaba en el cargo.
“No hay inmunidad para actos no oficiales”, sostiene Roberts, que envía el caso nuevamente a un tribunal inferior para determinar cuál de los cargos que enfrenta el expresidente involucra una conducta oficial. Los tres magistrados progresistas discreparon.
La jueza Sonia Sotomayor recalcó que “nunca en la historia” del país “un presidente ha tenido motivos para creer que sería inmune a un proceso penal si utilizaba los atributos de su cargo para violar la ley penal”. “Por miedo por nuestra democracia, disiento”, escribió.
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El juicio de Trump por este caso debería haber comenzado el 4 de marzo, mucho antes de su revancha electoral en noviembre con el presidente Joe Biden, pero la Corte Suprema, dominada por conservadores, incluidos los tres nombrados por el republicano durante su mandato, aceptó en febrero examinar su argumento de que merece inmunidad presidencial, dejando el caso en suspenso.
