El opositor venezolano Edmundo González Urrutia tampoco se presentó el martes a la segunda citación de la fiscalía. Lo que ocurrió con la convocatoria, prevista en horas de la mañana, era lo que se esperaba.
González, quien se encuentra en la clandestinidad desde hace tres semanas, no ha aparecido en público para ningún tipo de evento. El político de 74 años y candidato sustituto de María Corina Machado, ha denunciado un fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio y afirma tener pruebas que respaldan su reclamación.
Por lo cual, la Fiscalía ha iniciado una investigación en su contra por presunta “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”. Estos cargos podrían conllevar hasta 30 años de prisión.
La coalición que respalda a González, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha denunciado lo que considera un “acoso judicial” y una persecución política. La PUD, compuesta por diez partidos opositores, sostiene que las reiteradas citaciones del Ministerio Público tienen el propósito de justificar un mandato de conducción que intensifique la persecución contra su candidato.
González, sin embargo, reivindica su victoria en los comicios, aunque esta postura choca frontalmente con el sistema institucional que, según él, favorece al presidente reelecto Nicolás Maduro.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador con el 52% de los votos, sin ofrecer detalles desglosados de los resultados, como si lo ha hecho la oposición. Esta proclamación fue posteriormente validada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero ha sido cuestionada la ONU, la comunidad internacional y ONGs, lo que mantiene la desconfianza y críticas por parte de gran parte de los venezolanos.
El Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento sobre una posible tercera citación. La primera citación fue enviada el sábado anterior y, al igual que la segunda, no especificaba en calidad de qué se requería la presencia de González: si como imputado, testigo o experto, sino que simplemente solicitaba “rendir una entrevista en relación con los hechos que investiga este despacho”.
Zair Mundaray, exfiscal venezolano, calificó la citación de “irregular” y “diseñada para hacer incurrir en un error”, considerándola una clara estrategia de persecución política.
Desde su última aparición en público, González se ha limitado a hacer declaraciones a través de internet. Mientras tanto, el presidente Maduro ha tachado a González de “cobarde” y el fiscal general, Tarek William Saab, ha responsabilizado a González y a Machado de la violencia en las protestas poselectorales que resultaron en 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Maduro ha pedido prisión para ambos.
En respuesta, María Corina Machado, también investigada, ha convocado protestas para el miércoles 28, a un mes de las elecciones. Machado, que figura entre los finalistas del premio Václav Havel del Consejo de Europa por su defensa de los derechos humanos, ha publicado en redes sociales “¡Acta mata sentencia!”, en referencia a las copias de más del 80% de las actas de votación que ha divulgado.
La independencia del CNE y el TSJ es cuestionada por una misión de la ONU que evalúa la situación de derechos humanos en Venezuela. Estados Unidos, junto con 10 países de América Latina y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, ha rechazado la sentencia del TSJ. En contraste, los países de la alianza ALBA han expresado su apoyo a Maduro.
En medio de este contexto tenso, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, han instado a la publicación de resultados “desglosados y verificables” como parte de los esfuerzos de negociación entre Maduro y la oposición. La situación sigue siendo incierta, mientras las tensiones entre el gobierno y la oposición continúan intensificándose.
