La violencia en las cárceles se volvió a salir de control en Ecuador al punto que el presidente de ese país, Guillermo Lasso, tuvo que declarar el estado de emergencia carcelario durante 60 días por los sangrientos enfrentamientos entre los reos que dejaron 31 muertos.
Los focos de violencia en las prisiones no son un asunto nuevo en Ecuador, uno de los territorios de Latinoamérica con las cárceles más violentas después de Brasil, y el suceso de la noche del martes fue la prueba clara de que la crisis no cesa.
Al menos 31 reclusos murieron en enfrentamientos en una cárcel de Guayaquil. Mientras en el centro penitenciario los reos se atacaban a muerte, en las calles de la provincia de Esmeraldas, en el noroeste, hubo vehículos incendiados, amenazas de bomba y un motín como coletazo de la violencia carcelaria.
El reporte entregado por la Fiscalía de Ecuador fue contundente: “Se eleva a 31 el número de fallecidos y a 14 el de heridos tras los enfrentamientos registrados desde el sábado al interior de la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil”, en el suroeste del país.
En principio, la entidad había reportado 18 muertos y 11 heridos, incluido un policía, por un enfrentamiento entre bandas que se inició el sábado y se extendió hasta este martes, cuando 2.700 policías y militares ingresaron al centro para retomar el control.
En el operativo la fuerza pública decomisó fusiles, revólveres, machetes, dinamita, municiones, droga y dinero que los reclusos guardaban en las prisiones. En imágenes compartidas por las Fuerzas Armadas se observan incluso cocinas, neveras, parlantes, joyas y ventiladores que le fueron decomisados a los presos después del recrudecimiento de la violencia.
Desde febrero de 2021, más de 420 reclusos han sido asesinados en medio de violentos enfrentamientos que dejan escenas de cuerpos decapitados e incinerados.
“El estado de excepción en los centros de privación de libertad para enfrentar al crimen organizado y poner orden en las cárceles ha generado la reacción de grupos delictivos en Esmeraldas”, señaló la Secretaría General de Comunicación (Segcom) en un comunicado.
Las medidas del Gobierno para contener la violencia en esos centros han sido fuertemente criticadas por los expertos, que alegan que son insuficientes para atajar el problema de Derechos Humanos que viven las personas privadas de su libertad.
De acuerdo con el Observatorio de Prisiones, “la militarización de las prisiones no es otra cosa que hacer del sufrimiento humano un espectáculo político”, agregó la organización, que busca la defensa de los derechos humanos para los reclusos.
Un reciente censo estableció que en las 36 cárceles ecuatorianas, con capacidad para unas 30.000 personas, hay una población de 31.321 presos. La mayoría de estas personas que viven en condiciones de hacinamiento están pagando penas por narcotráfico.
Hasta el cierre de esta edición, 17 trabajadores penitenciarios permanecían retenidos por la rebelión de los presos. Los funcionarios, entre los que constan guardias y trabajadores administrativos, están en la cárcel de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador. En esa cárcel los presos también se amotinaron como represalia a la declaración del estado de excepción hecha por el presidente Lasso.
El amotinamiento en Esmeraldas fue un espejo de lo ocurrido en la penitenciaría de Guayaquil, ubicada en el suroeste de Ecuador, donde durante cuatro días hubo enfrentamientos entre reclusos que dejaron un número todavía indefinido de muertos.
