El sistema de autobuses público de Santiago fue suspendido este sábado en medio del estallido social que vive la capital chilena desde la víspera, que llevó al gobierno a decretar el estado de emergencia, ante el aumento de ataques incendiarios contra varios buses, informaron autoridades locales.
“Temporalmente se suspenden todas las operaciones de superficie por no contar con condiciones de seguridad para nuestros conductores y usuarios”, informó el Sistema de Transporte Público de Santiago en su cuenta de Twitter.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Chile a garantizar el orden público protegiendo la integridad de los manifestantes.
La CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que sigue “con preocupación” las muestras de descontento social en Chile, las mayores desde el regreso a la democracia en 1990, que llevaron al gobierno de Sebastián Piñera a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado y sacar a los militares a patrullar las calles.
“El Estado de Emergencia no debe impedir a las personas ejercer el derecho de reunirse y manifestarse pacíficamente, al tiempo que el Estado de Chile tiene el deber de garantizar el orden público, en el marco del respeto a los derechos humanos”, dijo la CIDH en su cuenta en Twitter.
La entidad subrayó a las autoridades que el “uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario para lograr su fin legítimo”, y que el Estado tiene “la obligación de proteger la integridad física de las personas y abstenerse de usar gases lacrimógenos en zonas donde se encuentren mujeres, niños y adultos mayores”.
Los disturbios en Chile, que dejan ya 156 policías heridos y 11 denuncias de civiles heridos, así como 300 detenidos, se desataron por el aumento de la tarifa del metro esta semana, pero derivaron en reclamos de acceso universal a la salud y la educación, y contra la desigualdad social, las bajas pensiones y el alza de los servicios básicos, entre otras demandas.