El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski quedó en libertad –pero seguirá vinculado– luego de tener detención domiciliaria por el presunto delito de lavado de activos que habría cometido dentro del escándalo de Odebrecht.
El magistrado Jorge Chávez, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el pedido de la Fiscalía y ordenó cambiar la detención domiciliaria de Kuczynski por la comparecencia con restricciones.
En ese sentido, el exmandatario de 83 años seguirá procesado pero debe cumplir una serie de normas de conducta, pues en caso contrario regresará al arresto domiciliario, tal como se ejecutó en los últimos tres años en su residencia de Lima.
Kuczynski es investigado por las presuntas transferencias de dinero de la multinacional brasileña Odebrecht a sus empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise, cuando se desempeñaba como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, entre 2002 y 2006, en el gobierno de Alejandro Toledo.
En ese periodo, Odebrecht obtuvo la concesión de los proyectos de infraestructura Trasvase Olmos e IIRSA Sur - Tramos 2 y 3. Además se le señalan las supuestas transferencias de dinero a una cuenta bancaria suya, entre 2007 y 2015, cuando participó en dos campañas electorales presidenciales.
Las restricciones
Entre las medidas impuestas a Kuczynski figura la prohibición de comunicarse con los imputados Gloria Kisic, José Luis Bernaola y Gerardo Sepúlveda, su socio en Westfield Capital.
Asimismo, tiene la obligación de acudir al juzgado cada mes, no podrá salir de Lima y tampoco comunicarse con testigos y peritos, así como de declarar a los medios de prensa sobre el caso.
Sin embargo, el juez resolvió no imponer a Kuczynski la prohibición de realizar actividad política directa o indirecta por falta de motivación. Lo que quedó pendiente para el magistrado es resolver el pedido de la Fiscalía de impedimento de salida del país por 36 meses para Kuczynski.
El escándalo de sobornos de Odebrecht salpicó en Perú a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Kuczynski. Además de una serie de funcionarios, autoridades locales y candidatos presidenciales como la líder opositora Keiko Fujimori, quienes son procesados por lavado de activos.
