Apretó el botón de pánico, pero ya era tarde. Cerca de un año después de estar recibiendo permanentes amenazas de muerte y denunciándolas ante la justicia, nada pudo detener las balas que acabaron con la vida del periodista Francisco Romero Díaz en la tarde del pasado 16 de mayo, después de que salió a hacer un cubrimiento en Playa del Carmen, México.
El reportero había pedido ayuda del Mecanismo de Protección para Activistas y Periodistas, del Gobierno mexicano, tras el asesinato de sus compañeros Rubén Pat y José Chan, ocurrido en 2018. Las autoridades le suministraron un botón de pánico, un vehículo y un equipo de cuatro policías para que lo escoltaran en sus desplazamientos. Pero no fue suficiente.
Su caso se suma a otros nueve homicidios de reporteros y profesionales de la información ocurridos este año, que posicionan a México, junto a Siria, como los países del mundo más letales para la libertad de prensa. Así lo consigna el informe anual presentado ayer por la organización Reporteros Sin Fronteras, que señala a Latinoamérica como una región “particularmente inestable y peligrosa”, con 14 homicidios de periodistas registrados y otros 10 en proceso de verificación.
Amarga disminución
Las cifras entregadas por Reporteros Sin Fronteras reflejan una notoria disminución de los homicidios de periodistas en el mundo con 49 casos, una cifra que es calificada en el informe como “históricamente baja en comparación con el promedio de las últimas décadas”.
Sin embargo, esta no resulta una noticia para celebrar, pues “refleja esencialmente la disminución del número de periodistas asesinados en conflictos armados, pero en el cómputo global, la cifra de asesinatos en los llamados países en paz sigue siendo tan elevada como en años anteriores y representa el 59 % de los casos registrados en 2019”, indica el informe.
Y en el contexto latinoamericano, el caso mexicano ocupa especial atención. Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras, manifiesta que “en México la tasa de crímenes contra periodistas que no acarrean consecuencias legales es del 90 por ciento. Para colmo, el llamado Mecanismo de Protección Federal sigue mostrando su incapacidad para proteger a los reporteros”.
En ello coincide Javier Garza, periodista y presidente del Consejo de la ONG Artículo 19, quien advierte que “además de los homicidios, podemos decir que otro tipo de agresiones como golpizas, ataques armados, secuestros, espionaje o hackeos, se mantuvieron igual. Vemos que no ha mejorado el clima y eso resulta desconcertante cuando lo vemos a lo largo del año, porque no es un año cualquiera, sino que es el primer año de un gobierno que se había ofrecido como una opción de cambio”.
Y es que según el experto, aunque Andrés Manuel López Obrador llegó al poder bajo el discurso de acabar la impunidad, “al menos en este caso no ha entregado resultados. todas estas agresiones ocurren porque cada persona que decide que la solución para callar a un periodista es matarlo, sabe que lo puede hacer porque vio que la persona que lo hizo la vez anterior se salió con la suya y no le pasó nada”.
¿Autodefenderse?
Félix Márquez, fotorreportero e integrante de la Red Veracruzana de Periodistas, firmó sin pensarlo dos veces la carta en que un grupo de colegas exigían protocolos de seguridad más activos, a partir del caso de Emir Olivares, un periodista que fue atacado por desconocidos en su propia casa y que asegura, no ha recibido atención alguna del Mecanismo Federal ni apoyo para salir del país.
Márquez afirma que “la reacción del mecanismo federal no nos da certeza de que podamos recurrir a ellos y que logremos prevenir ciertas agresiones. Entonces algo que hemos visto entre colegas y que tenemos que poner en práctica es que, al momento de no contar con herramientas sólidas, tenemos que organizarnos para hacerle frente a estas inseguridades y ya hemos empezado a formar diversos colectivos de periodistas a nivel nacional, cada uno desde su propia región”.
En Colombia, amenazas
El informe de Reporteros Sin Fronteras destaca como único caso registrado en Colombia el homicidio de Mauricio Lezama, documentalista asesinado en Arauquita mientras grababa una producción sobre víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, Johnatan Bock, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), señala que “solamente para medir la salud de la libertad de expresión es insuficiente”.
El académico señala que la Flip ha registrado en el año unas 180 amenazas a comunicadores y que en países que han sido tan violentos como Colombia, el impacto se debe medir en el silencio que se termina generando en muchos lugares: “Muchas veces las amenazas terminan teniendo un impacto en que el periodista abandona la investigación o cambia de fuente. Así van surgiendo regiones donde ya no hay periodismo local que esté investigando y denunciando, entonces la letalidad contra periodistas se reduce, pero la agresión sigue allí” .
