Esa aparente desarticulación fue presentada como un triunfo estratégico de la lucha contra las guerrillas y el terrorismo en América Latina. Sin embargo, después se conoció que esa operación habría sido parte de un montaje para tratar de desviar la atención sobre la vinculación de Fujimori y Montesinos en el tráfico de armas hacia Colombia.
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Los servicios de inteligencia de Colombia y la CIA de Estados Unidos tenían conocimiento de que las armas habían sido compradas por el Gobierno peruano para entregar a las guerrillas. El libanés Sarkis Soghanalian –colaborador de la CIA– relató que la compra de armas fue coordinada por el propio Montesinos en Lima.
En 2006, la justicia peruana condenó a 20 años de prisión a Montesinos por su responsabilidad en el tráfico de armas. Otras 35 personas resultaron implicadas. Ese hecho también causó tensiones diplomáticas entre el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana con el régimen de Fujimori.
Por este caso, Fujimori era investigado. Ya tenía imputados cinco cargos: asociación ilícita para delinquir, suministro ilegal de armas de fuego, violación de soberanía extranjera, falsedad genérica y conspiración.
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En Perú las percepciones de Fujimori no son tibias: muchos lo consideran como el hombre que salvó a Perú del terrorismo y del colapso económico, otros, afirman que fue un autoritario que abusó del poder y de las instituciones democráticas.
Lo cierto es que su aparente complicidad con las FARC es también una contradicción de sus banderas antisubverisvas. Mientras estuvo en la presidencia del Perú, se dedicó a combatir a sangre y fuego con las guerrillas del Sendero Luminoso y con los Túpac Amaru.
