El abogado de Julian Assange defendió este martes la libertad de información, en el juicio en Londres, por el último recurso del fundador de WikiLeaks para evitar su extradición a Estados Unidos, donde es acusado de espionaje.
La audiencia, que concluirá este miércoles, comenzó sin la presencia Assange, que se sintió indispuesto y no pudo acudir al juicio, según su abogado, Edward Fitzgerald.
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Dos magistrados examinarán durante dos días la decisión de la justicia británica, que el 6 de junio denegó a Assange el derecho a recurrir su entrega a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por una filtración masiva de documentos confidenciales.
“Mi cliente está siendo procesado por realizar una práctica periodística ordinaria de obtener y publicar información clasificada, una información verdadera y de interés público evidente e importante”, afirmó Fitzgerald, ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres.
Antes del inicio del juicio, un grupo de apoyo al fundador de WikiLeaks se manifestó este martes frente al tribunal, gritando “Liberen a Julian Assange”.
“Julian necesita ser liberado y todos necesitamos la verdad”, afirmó su mujer, Stella Assange, a las puertas del lugar donde se desarrolla el juicio.
En declaraciones el lunes a la cadena británica BBC, su esposa había dicho que si su marido pierde esta vista “ya no tendrá ninguna posibilidad de apelación” en el Reino Unido.
A Assange le quedaría, sin embargo, un último recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), señalaron sus seguidores en diciembre.
Durante las jornadas previas al juicio, su esposa ya había alertado sobre el frágil estado de salud del australiano de 52 años.
“Su salud está empeorando, física y mentalmente. Su vida corre peligro cada día que permanece en prisión y si es extraditado morirá”, afirmó el jueves.
Está detenido desde 2019
Assange es reclamado en Estados Unidos por haber publicado desde 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país norteamericano, en particular en Irak y Afganistán.
En caso de extradición, podría ser condenado a una pena de hasta 175 años de prisión en Estados Unidos.
El abogado defensor de Assange señaló este martes que la extradición sería por “por motivaciones políticas”, ya que “estaba exponiendo una criminalidad estatal grave”.
El fundador de WikiLeaks fue detenido por la policía británica en 2019, tras siete años confinado en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió para evitar ser extraditado por acusaciones de agresión sexual a Suecia, unos cargos que después fueron retirados.
El australiano lleva cuatro años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, al este de Londres.
La campaña “Free Assange” lo presenta como un mártir de la libertad de prensa.
El gobierno británico aceptó en junio de 2022 su extradición, pero Assange apeló.
La justicia británica dio luz verde a la extradición después de que Estados Unidos asegurara que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence (Colorado), apodada “Alcatraz de las Rocosas”.
La semana pasada, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, criticó el prolongado proceso contra Assange.
El parlamento australiano había aprobado en la víspera una moción apoyada por el primer ministro que pedía el fin del enjuiciamiento de Assange, para que pueda volver con su familia en Australia.
“La gente tendrá opiniones diferentes sobre la conducta de Assange, pero independientemente de la posición de la gente, esto no puede seguir y seguir indefinidamente”, defendió Albanese ante el Parlamento.
El informe de la ONU
A principios de febrero, la relatora especial de la ONU sobre la tortura, la abogada australiana Alice Jill Edwards, pidió al gobierno británico “suspender la inminente extradición de Julian Assange”.
“Sufre desde hace mucho tiempo un trastorno depresivo periódico y existe el riesgo de suicidio”, dijo Edwards.
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En su opinión, “el riesgo de que se le mantenga en régimen de aislamiento pese a su precaria salud mental y de que su condena pueda ser desproporcionada plantea la cuestión de si la extradición sería compatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.
