Todo lo anterior ocurrió hacia las 8:30 p.m., cuando esta segunda sesión de la audiencia llevaba ya seis horas y Quintero completaba una hora presentando sus inquietudes para, según él, poder entender los cargos que la Fiscal le había leído.
Fuera de Quintero, a la diligencia estaban citados también sus exsecretarios Carlos Mario Montoya, Karen Bibiana Delgado, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez, Alethia Carolina Arango y Leidy Jiménez Echavarría. También la acción cobijaba a José Fernando Rueda, representante legal de la firma Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno, representante legal de IDC Inversiones; y contra el otro copropietario del lote, Juan Manuel Villegas.
El tema tiene que ver con el cambio en las condiciones de entrega de Aguas Vivas, un megalote de 143.000 metros cuadrados, ubicado entre El Poblado y Las Palmas. Inicialmente este le fue traspasado a la Alcaldía de manera gratuita en diciembre de 2019 para cumplir con obligaciones urbanísticas, una figura con la cual los urbanizadores aportan espacio público a la ciudad por cada proyecto que realizan; sin embargo, luego, en la administración Quintero se intentó que del erario se pagaran más de $40.000 millones a las dos empresas y el particular ya mencionados, que eran sus anteriores dueños, y posteriormente se los devolvieron a sabiendas de que ya era un bien fiscal. En una segunda parte de la jugada, el alcalde Quintero firmó un decreto que habría valorizado el lote porque le quitaba restricciones para la construcción en altura y le permitía mayor densidad de ocupación.
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La primera sesión de imputación fue el 8 de abril pasado. En esa ocasión los abogados defensores intentaron que se cayera la diligencia de lectura de los cargos por parte de la Fiscal 133 de la Unidad anticorrupción aduciendo problemas técnicos en la formulación de los tipos penales. Además, pidieron que no se aceptara la condición del Distrito de Medellín como víctima en este proceso, dos asuntos que el juez dejó para resolver ayer en la continuación de la sesión, que comenzó después de las 2:30 p.m. De inmediato la judicatura comunicó su determinación de permitir la participación de la Alcaldía en su condición de víctima pero ante la oposición de varios de los abogados, definió que el caso pase en segunda instancia a un juez de circuito.
Luego vino una larga puja de argumentos que parecía irresoluble entre la parte acusatoria y los defensores, unos para atacar y la otra para defender que la imputación sí se había hecho conforme a lo que indica el proceso penal. En esta incluso los abogados intentaron plantearle al juez que si se avanzaba más habría una carga de ilegalidad que conduciría a la nulidad del proceso en la etapa próxima.
El juez aclaró que lo que se pretendía no era volver a hacer una imputación ni corregir fallas en lo que se hizo dos semana atrás, sino resolver dudas que los mismos implicados y sus defensores habían planteado.
La participación de la delegada de la Procuraduría resultó relevante para destrabar el círculo, comenzando por un regaño: “A 25 años de instaurarse el Sistema Penal Acusatorio resulta increíble que estemos en discusiones como esta”, dijo, para después sugerir que los defensores pretendían confundir, ya que es la Fiscalía la que en esta etapa del proceso debe decidir si hay las condiciones para imputar o no.
Además recordó que, contrario a lo expuesto por ellos, la Fiscal sí había expuesto los hechos que, según ella, dan origen a los delitos. “Si los abogados escucharon los audios sabrán qué fue lo que la Fiscalía determinó paso a paso”, apuntó para posteriormente decir que estos estaban apelando incluso a elementos subjetivos, “no objetivos ni jurídicos”, concluyó la procuradora.
La intervención dejó en silencio a los abogados y de ahí en adelante se inició un primer bloque en el que la fiscal especificó el rol que los exsecretarios Carlos Mario Montoya, Karen Bibiana Delgado, Sergio Andrés López, Natalia Andrea Jiménez, Alethia Carolina Arango, y Leidy Jiménez Echavarría tuvieron en la comisión del delito de interés indebido en celebración de contratos.
A Montoya, según ella, como secretario de Gestión y Control Territorial, le habría correspondido proponerles a los exdueños de Aguas Vivas el pago del inmueble y solicitar el avalúo de este bien que ya era del Municipio, esto fue en septiembre de 2020; fuera de eso, manipular el entendimiento de la escritura pública del 27 de 2019 que traspasaba Aguas Vivas al Municipio.
Delgado, dijo la fiscal, como secretaria de Suministros y Servicios y encargada de la Secretaría General, habría anulado el concepto técnico de agosto de 2021 que se oponía a la conciliación para pagar la cifra millonaria por el terreno, lo que permitió mutar de la cesión gratuita a una propuesta de compra venta. Fuera de eso, ella habría conformado la mesa de trabajo para analizar la conciliación extrajudicial por $40.509 millones y presidir un comité que discutía el mismo asunto. De contera, habría votado a favor de esta fórmula.
Natalia Jiménez, como subsecretaria de Ejecución Contractual y subsecretaria General encargada, y Leidy Jiménez, ex subsecretaria de Proveedores, habrían aprobado en varias ocasiones la fórmula de arreglo y sustituir el concepto técnico acerca de que no era pertinente acceder a él.
Alethia Arango, ex subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, fue la encargada de apelar ante el Tribunal de Antioquia y el Consejo de Estado cuando la Procuraduría frenó la conciliación.
Finalmente, Sergio Andrés López, como director de Planeación, habría contribuido en la gestión del anterior pago con base en el concepto previo del comité y la mesa antes señalados, además de que el 21 de abril de 2021 habría solicitado a un Consejo de direccionamiento estratégico del POT no revisar el uso de $91.000 millones del fondo a donde iban los recaudos por obligaciones urbanísticas, entre los que estaba la plata de Aguas Vivas.
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Las aclaraciones pedidas por los implicados y los abogados fueron hasta las 7:30 p.m., y originaron un nuevo llamado por parte tanto de la Procuraduría y varias veces el señalamiento de la Fiscalía en el sentido de que la pretensión era ponerle dificultades a la diligencia.
De ahí en adelante vino el “plato fuerte” de la jornada, al referirse en un segundo bloque a la imputación por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato contra Quintero.
Quintero se llevó más de una hora planteándole a la fiscal un cuestionario de 15 preguntas que, en últimas, aparentemente buscaban desvirtuar la validez de la imputación. En su introducción dijo haber leído las 90 páginas de la imputación y no haber podido entender la argumentación. “Se lo juro”, apuntó dirigiéndose al juez y la fiscal.
En algunos apartes aludió a dudas sobre la legalidad de la escritura de cesión de Aguas Vivas al municipio, hecha el 27 de diciembre de 2019, todavía en la primera administración de Federico Gutiérrez.
No obstante, la funcionaria le aclaró que los presuntos hechos en su contra se remiten al decreto 0412 de mayo de 2023 por el cual, en su concepto, hay una extralimitación de funciones al modificar el POT favoreciendo de forma directa a los dueños originales de Aguas Vivas, que para ese momento habían recuperado su título de propiedad.
