La Fundación Conciencia Social, a través de la que Nicolás Petro y Day Vásquez se embolsillaron parte de los recursos del Atlántico para atender a los ancianos, tiene más contratos con el sector público que fueron firmados mientras el hijo del presidente era diputado de la Asamblea Departamental.
Esa organización, cuyo representante legal es Gustavo de la Ossa, consiguió su personería jurídica en 1996 y ha tenido unos 16 contratos con entidades públicas de la Costa desde 2013, de los que cuatro se adjudicaron de forma directa cuando el hijo del presidente ya estaba ejerciendo un cargo de elección popular, que suman $2.738 millones.
Ni Petro (hijo) ni Vásquez son propietarios ni hacen parte de la Junta Directiva de Conciencia Social, pero esa fundación terminó relacionada con la expareja después de que durante la audiencia contra ellos la Fiscalía revelara chats, audios, documentos y pantallazos de conversaciones en los que quedó ilustrado cómo se articularon para maquillar contratos y quedarse con la plata destinada para los adultos mayores y los niños discapacitados.
De cuenta de esas irregularidades un juez compulsó copias para que los investiguen por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos. El posible fraude habría sucedido con uno firmado en 2021 por $400 millones y otro pactado en 2022 por $870 millones.
Ambos fueron convenidos con la Gobernación del Atlántico, pero no son los únicos que la Fundación Conciencia Social tiene registrados desde que Petro (hijo) es diputado. En este lapso esa asociación tuvo otros dos contratos con el sector público, pactados con la Alcaldía de Barrannquilla. El primero por $821 millones y el segundo por $645 millones.
Los contratos que mira la Fiscalía
Las conversaciones del celular de Vásquez dejaron ver que ella se coordinó con Gustavo de la Ossa y un sujeto identificado como Pedro Name para amañar dos proyectos: uno de atención a los adultos mayores y otro para estudiantes discapacitados. En estos solo ejecutaron el 35% del presupuesto y se embolsillaron el resto de la plata.
Ese dinero se lo distribuían entre ellos tres y Nicolás Petro. En el material Vásquez se refirió a charlas y reuniones que sostuvo con el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture, y con “Elsa” para hablar de los contratos. El ente acusador, sin embargo, no ha ahondado en la mención de esos nombres en este proceso.
El más robusto de esos convenios fue el de $870 millones suscrito durante casi todo 2022 para acompañar a la Secretaría de Educación en la atención a estudiantes con discapacidades auditivas, visuales y sordoceguera, a quienes debían atenderlos durante 314 días calendario.
Para quedarse con la adjudicación presentaron una propuesta de 18 páginas en la que prometieron acompañamiento a 180 niñas y niños de las instituciones educativas del distrito, en tareas tan necesarias para ellos como la integración, la mejora de sus capacidades comunicativas y facilitarles la interpretación en lenguaje de señas.
El representante legal, De la Ossa, le había dicho a Day que estaba apuntando a hacer algo “más grande y también, más a futuro, estamos pensando en que podamos hacer algo bien, bien interesante que sea bastante rentable”. El contrato rentable resultó siendo ese de 2022 que supuestamente les iba a ayudar a los menores de edad con discapacidad.
El otro que está en los folios del proceso contra Petro (hijo) y Vásquez es el suscrito para implementar centros de vida móviles para los adultos mayores por $400 millones, iniciativa para la que la Fundación Conciencia Social se comprometía a aportar de sus bolsillos $172 millones más.
Pues bien, la inversión se dio en el sentido contrario y terminaron distribuyéndose las ganancias así: $120 millones para Nicolás y Day, y de a $40 millones para De la Ossa y Name, según quedó documentado en la audiencia.
En ese contrato es que Vásquez le aseguró un puesto a su mamá para devengar $6 millones mensuales a cambio de no hacer nada y buscaron a una psicóloga, un médico y un abogado para que firmaran un compromiso de prestación de servicios por montos inflados.
Otros contratos de la Fundación
Durante la audiencia del 3 de agosto solo se hizo referencia a los dos contratos ya detallados, pero esa fundación firmó otros dos millonarios convenios con el sector público después de que Nicolás Petro llegó a la Asamblea.
Entre marzo y noviembre de 2021 acordaron uno por $821 millones, también dirigido a estudiantes con discapacidad, que fue pagado con fondos del Sistema General de Participaciones.
En plena pandemia, entre marzo y noviembre de 2020, esa fundación ejecutó otro con el mismo objeto de atender a los estudiantes con discapacidad de instituciones educativas públicas de Barranquilla.
Ese último está en el Secop I y en la plataforma no se especifica de qué manera terminaron llevándolo a cabo, teniendo en cuenta que las niñas y niños no estaban yendo a las escuelas por el cierre que ocasionó el covid-19.
El posible entramado de corrupción que habrían montado Petro (hijo) y Vásquez en alianza con De la Ossa y Name llevaron a que el fiscal Mario Burgos detallara que: “Estas personas se habrían concertado para manipular la adjudicación del contrato por parte de la Gobernación del Atlántico y en su fase de ejecución habrían realizado maniobras delictivas, para entre estas cuatro personas apropiarse de los recursos adjudicados”. De cuenta de esas presuntas artimañas el expediente judicial contra la expareja terminó ampliándose.
