Desde Segovia esperan que el cese al fuego pactado entre el Gobierno Nacional y el ELN comience a traducirse en tranquilidad para las comunidades. Allá en el Nordeste de Antioquia, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado junto al Bajo Cauca, aparecieron amenazas contra trabajadores de una mina justo en el marco del inicio del cese de actividades ofensivas entre los dos bandos que están sentados en la mesa de diálogos.
Las intimidaciones fueron firmadas, presuntamente, por el ELN. Que los guerrilleros sean los autores de esas advertencias es una información que aún no ha sido verificada por parte de las autoridades, pero la divulgación de esas amenazas da cuenta de una realidad de los territorios que va más allá de la paz con este grupo: “Nada hacemos si pensamos que esto es una guerra entre dos bandos cuando esto es un ‘sancocho’ de varias partes en disputa”.
Quien habla es el abogado Yesid Vera Carvajal de la Corporación Jesús María Valle que tiene incidencia en varias regiones de Antioquia afectadas por el conflicto armado. En ellas están algunos de los 212 municipios de todo el país, desplegados en 20 departamentos, en los que hace presencia el ELN a través de amenazas, actos terroristas secuestros, desplazamientos forzados y otras acciones.
Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño son los departamentos con mayor riesgo por la presencia del ELN. Esos territorios fueron mapeados por la Defensoría del Pueblo y en cada una de esas geografías el grupo armado tiene una incidencia particular. Por ejemplo, mientras en Norte de Santander son una guerrilla consolidada, en Arauca están en disputa con las disidencias de las Farc y en Chocó están enfrentados con el Clan del Golfo.
Esos son los territorios que están esperando los resultados del cese, donde hasta el cierre de esta edición se reportaba un cumplimiento del inicio de estos 180 días de fusiles silenciados bajo la meta de firmar la paz en 2025. El objetivo que se trazó el presidente Petro.
Participación para fijar la paz
En medio de ese cese al fuego que ya lleva tres días en marcha, el Gobierno y la guerrilla lanzaron el Comité Nacional de Participación que cuenta con 81 integrantes de 30 sectores –desde víctimas hasta empresarios– para construir las bases de la paz.
Una de las personas que tiene asiento en esa mesa es la defensora de Derechos Humanos Yolanda Perea, quien llama la atención sobre que “hay muchos actores que no representan las identidades del cese al fuego. Aplaudimos que cesen las operaciones ofensivas, pero sabemos que existen muchos grupos armados que van a seguir afectando las comunidades”.
Por eso Perea detalla un amplio catálogo de requerimientos al ELN: que no haya confinamientos, que los campesinos, indígenas y afro puedan trabajar el campo y sacar los productos y que no se escuche de desplazamiento o de reclutamiento.
La preocupación es clara porque hasta ahora solo hay un compromiso de no atacarse entre el ELN y el Gobierno, pero los enfrentamientos de esos dos bandos siguen con las disidencias, el Clan del Golfo y las bandas criminales.
Desde Arauca el líder comunitario Emiro Goyeneche plantea el interrogante de qué sucederá con los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias y reclama más inversión social porque “la paz no es solo silenciar los fusiles”.
Por eso, los líderes de las regiones afectadas por el conflicto con el ELN le dijeron a este diario que se necesitará confianza hasta ver materializado ese cese al fuego, pero que la paz no estará completa hasta que más actores entren en ella.
El mismo presidente Gustavo Petro dijo ayer que el silenciamiento de los fusiles “dependerá más de ellos que de nosotros. De nosotros dependerá una serie de exigencias que hemos visto, de solicitudes, de propuestas en el desarrollo de esas negociaciones”. Unas negociaciones de las que depende la confianza de los territorios en la paz total.
