Los mataron de manera premeditada y orquestada. Sus cuerpos se requerían para demostrar los resultados del esfuerzo bélico. Se pedían bajas de combatientes enemigos; pero como era difícil dar con el enemigo, se hicieron montajes y mataron lo que pudieron.
Eufemísticamente, les llamaban muñecos, toros o paquetes – el nombre que fuera, con tal de no pensar en la humanidad que exterminaban.
Sus cuerpos inanes fueron retratados como presas de caza o trofeos de guerra, metidos en bolsas negras de basura. Los héroes de la patria presentaban partes de victoria, exponiendo los supuestos bandoleros abatidos. Los matones descansaban y los comandantes recibían felicitaciones por los extraordinarios logros.
Había unos cuerpos mejor adaptados que otros para el cometido. Por ejemplo, si el muñeco venía con antecedentes criminales más fácil se hacía el montaje; o si era guerrillero de verdad, ejecutarlo era un paseo. Grotescamente, la justificación de la muerte se amplificó y el mercado de los cuerpos para dar de baja prosperó.
Las víctimas venían marcadas como bestias, signadas por el desprecio y la discriminación; se buscaban drogadictos, ladrones, habitantes de la calle, personas con desórdenes mentales, y personas con cualquier otra condición que generara el desprecio de sus verdugos. Al comienzo –narran las voces de algunos de los perpetradores que han sido sentenciados– se buscaban personas bien malosas, pa que la vuelta tuviera sentido. Después dejó de importar; fue tan descarada la carnicería que todo se hacía buscando el menor esfuerzo.
La práctica se regó finalizando 2002 entre las distintas unidades militares, con un incremento marcado en 2005 hasta su abrupto deceso a finales de 2008. Ante la presión de producir resultados, la creatividad mortífera echó mano de una vieja práctica militar: las legalizaciones. Constaba de la formalización burocrática del homicidio de una persona, simulando situaciones que justificaban su muerte: un combate, la resistencia en el momento de la captura o una fuga.
Todo se calculaba con frialdad burocrática; se fabricaba el ropaje administrativo perfecto para que la muerte fuera legal. No hay falso positivo que no cuente con el papeleo correspondiente: inteligencia (fabricada a la medida), operación o misión (para cobijar la baja), informe de patrullaje (acordado) e informe de lecciones aprendidas (que oculta y niega lo acaecido).
Algunos de los perpetradores directos han confesado; sus narraciones, contenidas en sentencias, son tristes y llenas de remordimiento. Todos se acuerdan de algún muñeco que les quita el sueño. Hay unos que tienen encima tantos muñecos que ya no duermen. Además de confesar lo que hicieron, intentan el camino de la justificación: "esos toritos eran bravos"; o "yo no maté a inocentes".
Pero el matarife, solo, no podía legalizar al muerto. De los distintos participantes en el proceso burocrático, hay unos que se creen más decentes que otros, sea porque no mataron directamente o porque todavía logran negar su participación. Sin embargo, todos, al fin del cuento, hicieron parte de la matazón estatal. Todos mataron premeditadamente, usando recursos del Estado y beneficiándose del montaje.
¿Cuándo y en qué terminará la negación oficial de este fenómeno? Ya se cumplieron cinco años desde el estallido del escándalo de los falsos positivos; sin embargo, es poco lo que sabemos sobre el rol de las prácticas institucionales y la conducta de los mandos militares en relación con esas muertes. Cinco años y el tiempo corre....
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