Interbolsa, la crisis
Es la caída de un grupo empresarial, fundado por Rodrigo Jaramillo Correso, que gozaba de gran prestigio y solidez en el mercado de capitales. En el período enero-octubre de 2012 negoció más de 35,3 billones de pesos en acciones, o sea el 27,2 por ciento del mercado.
En renta fija su participación era del 27,3 por ciento, con 175,2 billones de pesos.
Del mercado de TES concentraba el 25,9 por ciento; de los CDT, el 7,6 por ciento; de los bonos, el 44,7 por ciento y de las operaciones de contado de dólares dominaba el 14,6 por ciento.
La perdición de Interbolsa, como lo documentó ampliamente El Colombiano (1), fue haber apoyado al italiano Alessandro Corridori en una presunta toma hostil de Fabricato, mediante supuestas manipulaciones del precio de la acción de la textilera en la Bolsa de Valores de Colombia.
Buena parte de los dineros utilizados en esta operación -que tenía como fin dominar la empresa, escindir sus diversos negocios y vender lo más atractivo, que son sus terrenos- habrían sido de clientes de la comisionista de bolsa, la administradora de inversiones (SAI) y el Fondo Premium, a los que no se les habría informado el destino que estaban teniendo sus recursos.
El eje de la presunta toma hostil fueron las llamadas operaciones repo -un mecanismo mediante el cual una persona toma créditos de terceros, que garantiza con acciones, en este caso de Fabricato, las cuales libera cuando paga su obligación. Del orden de 320.000 millones de pesos se obtuvieron de esta manera, buena parte de los cuales no fueron honrados y dejaron a los prestamistas en condición de accionistas forzosos de esa industria antioqueña.
El dinero perdido
Interbolsa, en sus tres grandes negocios, manejó del orden de 10 billones de pesos.
En la Holding se perderán cerca de 90.000 millones de pesos.
En la comisionista de bolsa se recuperó el 100 por ciento de los recursos.
En la SAI, que tenía 19 carteras colectivas, por 2,5 billones de pesos, 17 fueron trasladadas a otras firmas. Aquí se calcula el hueco en 50.000 millones de pesos.
La mayor pérdida estaría en el Fondo Premium en donde 1.260 personas depositaron 175 millones de dólares.
Los presuntos delitos
Interbolsa y sus filiales tienen del orden de 40 medidas administrativas, fiscales y disciplinarias, entre investigaciones, multas, tomas de posesión o muerte comercial de directivos.
Los presuntos delitos que la Fiscalía les impurtará a los directivos de Interbolsa son:
Concierto para delinquir.
Manipulación de acciones.
Administración desleal.
Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados.
También se indaga sobre captación ilegal de fondos, lavado de activos y presunta evasión de impuestos. Los presuntos delitos relacionados con el Fondo Premium serán tratados en un proceso independiente por la Fiscalía.
Los imputados
Rodrigo Jaramillo Correa, fundador de Interbolsa y uno de los principales accionistas de la holding, de la que era su presidente.
Tomás Jaramillo Botero, hijo de Rodrigo Jaramillo y fundador del Fondo Premium de Curazao, uno de los tentáculos de Interbolsa en el exterior.
Álvaro Tirado Quintero, presidente de la comisionista de Interbolsa.
Juan Carlos Ortiz. Socio de Interbolsa y fundador del Fondo Premium.
Alessandro Corridori. Es considerado la pieza clave en la presunta toma hostil de Fabricato.
Jorge Mauricio Infante. Presidente de la Sociedad Administradora de Inversiones (SAI) de Interbolsa.
Víctor Maldonado. Hombre de negocios y principal socio de Interbolsa cuyas firmas se beneficiaron de dineros del Fondo Premium.
A los anteriores personajes se agregan: El vicepresidente ejecutivo de Interbolsa, Juan Camilo Arango Medina; el director del Comité de Riesgos, Javier Tomás Villadiego Cortina; el gerente técnico, Juan Felipe Duarte Ruíz; y María E. Jaramillo Palacios, inversionista; Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment; Edwar Jhonatan Martínez, ordenante de esta empresa; los hermanos Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria; Emilio Martín Uribe, representante legal de Manantial SPV; y los hermanos Olbany y Jhon Alexander Muñoz Delgado, de la firma Giteco, de propiedad de Alessandro Corridori.
Y los que controlaban el mercado, ¿qué?
También están siendo investigados. En cabeza del Superintendende Financiero, Gerardo Hernández, y de otros funcionarios de primer nivel de la entidad, la Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos, porque presuntamente se omitieron controles que permitieron que Interbolsa cometiera las irregularidades que la llevaron a la quiebra. A ello se añade que los funcionarios habrían omitido denunciar a tiempo ante la Fiscalía a los responsables de la comisionista.
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