La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría denunciaron que cerca de $341.000 millones girados por concepto de regalías recibieron un manejo inadecuado por parte de los entes territoriales.
Por esto, la Contraloría General de la República abrió procesos de responsabilidad fiscal por $201.926 millones para establecer el daño patrimonial que han originado las inversiones irregulares y la defraudación mediante la utilización de los llamados patrimonios autónomos y la firma Probolsa.
Entre las entidades territoriales investigadas por los malos manejos se encuentran: la Gobernación de Casanare, por $63.000 millones; la de Meta, por $172.334 millones; la de Cauca, por $16.445 millones; y Nariño, por $14.823 millones. Además las alcaldías de Castilla la Nueva (Meta) por $21.000 millones; y Villavicencio, por $37.000 millones.
Dentro de las numerosas irregularidades el contralor, Julio César Turbay Quintero, destacó el incumplimiento reiterado y generalizado en la contratación de obras públicas, la destinación de dineros a pequeños proyectos que tienen un bajo impacto social y económico y el despilfarro de las regalías en obras suntuarias como el Museo del Hombre Llanero, en Arauca.
También está la adjudicación de proyectos a universidades o fundaciones que no tienen la capacidad para ejecutarlos.
Turbay Quintero aclaró que si bien se han enfocado las investigaciones en cuatro departamentos y dos municipios, en todos los entes territoriales que reciben regalías se han detectado irregularidades.
Así se la roban
Según Turbay Quintero, funcionarios en asocio con particulares, se apropian ilícitamente de los dineros amparándose en figuras jurídicas como la de los Patrimonios Autónomos. Los entes territoriales invierten recursos por un plazo determinado a través de empresas y personas jurídicas de derecho privado, pero cuando se vence el plazo el dinero no vuelve al Estado.
Otra modalidad es la inversión en Probolsa, una sociedad que no contaba con autorización legal para llevar a cabo este tipo de operaciones financieras.
El fiscal Mario Iguarán señaló que la inversión en proyectos de agua potable es una de las formas más comunes de robarse la plata de las regalías.
Recordó que los tres organismos investigan el paradero de $12.000 millones que se giraron para el acueducto de Coveñas (Sucre) al cual nunca se dio comienzo.
En Cantagallo, Bolívar, la administración local no giró las regalías para la construcción del acueducto. La plata, desapareció.
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