Entre más apoyo y respeto le ofrece y demuestra una sociedad a una institución, mayor es el grado de su responsabilidad y por tanto más exigente se debe ser con ella. Por tal razón es fundamental ejercer veeduría permanente a las denuncias contra sectores del Ejército de Colombia y por eso hay que seguir insistiendo en la importancia de procesos ágiles y castigos ejemplares. Las últimas denuncias constituyen uno de los problemas más graves y complejos que debemos afrontar, toda vez que involucra a la organización clave en la ejecución de la política más exitosa del gobierno Uribe y quizás la tarea de Estado más importante y efectiva de los últimos gobiernos colombianos. Por tal razón, el actual mandatario no puede darse el lujo de que la seguridad democrática se encuentre en entredicho por los desmanes sucedidos en algunas guarniciones militares.
Sería necio desconocer la profesionalización de las Fuerzas Militares, la cual en medio de la lucha contra grupos criminales de todos los orígenes, ha logrado desarrollar sus complejas tareas bajo un nivel superior al que nos tenían acostumbrados. No podemos caer en la trampa de creer que estos macabros y repugnantes hechos contra la población civil, son una política diseñada por el Ejército como tarea institucional. Aunque era de esperar que en medio de esta guerra tan cruel y con el reclutamiento creciente de tantos hombres, muchos desmanes ocurrieran. Y no es válido como argumento de justificación, pero es imposible pretender que en guerras tan irregulares como la nuestra, no ocurran hechos reprochables. Tampoco acciones como las denunciadas constituyen actitudes exclusivas de ejércitos pertenecientes a países tercermundistas, pues basta refrescar lo que el ejército gringo y el inglés han hecho en la recuperación de Irak, lo que desde luego tampoco es una justificación. Lo que muy seguramente no se esperaba en nuestro caso, era que estos hechos recayeran en personas civiles e indefensas.
Si fuéramos un Estado fallido o mafioso como muchos denominan al nuestro, ni se denunciaría, ni se investigaría y ni se adoptarían decisiones que pondrían a prueba la solidez de su estructura. Es cierto que Colombia no es el mejor ejemplo de la eficiencia en la justicia y en la lucha contra la impunidad, pero sí es un país en el que cosas mal que bien se investigan y no quedan en simples anuncios de prensa. Preocupante sería que ante la ocurrencia de esos hechos, éstos se ocultaran.
Los hombres que integran las Fuerzas Militares han estado sacrificados en su vida personal y familiar para recuperar la dignidad que como nación habíamos perdido ante grupos mafiosos, paramilitares y guerrilleros; han sido determinantes en el rescate de una sociedad que estaba próxima a rendirse en procesos engañosos de paz con un grupo de la perversidad de las Farc. Por eso sería injusto que ahora nos ensañáramos con quienes representan a esta institución.
Claro que debemos exigirles cuentas, pero también debemos rodear a sus comandantes en momentos que para ellos son más dolorosos que para cualquiera de nosotros. Lo que no debemos hacer es orquestar la actitud de algunos sectores de la oposición, que olvidan lo peligroso que es dañar más que al gobierno de turno, al mismo Estado y a sus instituciones.
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