A Lucas Carrillo se le fue la vida en la madrugada del 3 de julio de 2007. Ese día, después de salir de trabajar en un restaurante y mientras esperaba un taxi, un conductor borracho (identificado por varios testigos) embistió con su auto a Lucas y a su novia Alejandra.
Alejandra sufrió heridas en su pierna izquierda y Lucas, chef de 25 años, murió en el lugar, debido a una fractura en el cráneo. El conductor huyó del lugar.
Tras cotejar las placas del vehículo, los familiares iniciaron una batalla legal para que el agresor pagara por la muerte de Lucas, pero fue imposible porque pasaron varias horas y no se le pudo hacer la prueba de alcoholemia al conductor.
Dos años después, la familia Carrillo conserva el recuerdo vivo de Lucas y la rabia de saber que el conductor del vehículo nunca fue preso y el proceso se saldó con el pago mínimo del monto del seguro.
La suerte de los conductores que causen muerte manejando podrá cambiar en los próximos días.
La Ley 1326 sancionada hace dos semanas por el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, tiene un gran vacío a pesar de que aumenta las penas cuando hay agravantes como alicoramiento, sustancias sicotrópicas, conducción de niños y ancianos en vehículos no permitidos y huir del lugar.
"La iniciativa tiene un vacío porque el juez puede dosificar la pena entre 48 y 75 meses (primer cuarto) entonces el conductor podrá ir a prisión domiciliaria", afirma Mary Bottagisio, directora de la Liga Contra la Violencia Vial.
Sin embargo, como una alternativa al esguince de la ley, existe el proyecto 009 (acumulado 048) que entrará a segundo debate en Cámara en esta legislatura en los próximos días.
Éste modifica el artículo 110 del Código Penal para el homicidio culposo cometido con medios motorizados y sube la pena principal a cinco años. Esto haría que la pena quedara en el umbral de excarcelable (prisión domiciliaria o supresión de la misma). Sin embargo, si hay un agravante, el homicida tendría que ir a la cárcel.
"Este último proyecto está inspirado en la ley francesa llamada ley para reforzar la lucha contra la violencia vial. Venezuela y Ecuador ya tienen leyes para penalizar la conducción en estado de embriaguez y la prisión sin derecho a beneficio de excarcelación cuando hay drogas o alcohol involucrados", sostiene Bottagisio, quien perdió una hermana que fue arrollada por un conductor imprudente.
Según Alexandra Rojas, directora Ejecutiva del Fondo de Prevención Vial, esta Ley reafirma que cuando una persona conduce un auto en ciertas condiciones de agravación punitiva, lo que va a ocurrir no es un accidente.
"Si hay un accidente, y una muerte, esto era altamente probable que sucediera porque el conductor no estaba en condiciones de ponerse al volante", agrega Rojas.
Datos del Fondo de Prevención Vial, cruzados con informes del Instituto de Medicina Legal, dan cuenta de que una de cada tres personas que mueren en accidentes de tránsito en el país resultan con trazas de alcohol en su sangre.
Las sanciones también se endurecerán para quienes manejen sin licencia o con ella suspendida. Además, para los conductores que transportan cargas pesadas, niños, ancianos y que por algún descuido generen accidentes.
Con este panorama, familias como los Carrillo, tendrán un soporte legal para que no se repitan situaciones como las sufridas con la muerte de Lucas y para que estas conductas ocurran menos.
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