En Colombia, tradicionalmente la mayoría de los notarios han sido cercanos al Gobierno, familiares de políticos, o designados a dedo. No generalizo, pero ha existido una antigua práctica clientelista y burocrática detrás de los nombramientos de estos personajes enigmáticos, a los que poco se les ve y poco se les habla, pero dan fe pública de la autenticidad de firmas y cédulas. Con sus autógrafos transforman miles de documentos en legales.
La publicitada feria de notarías que se originó con la llamada Yidispolítica dejó, incluso, hechos de debate público en Medellín, debido a recordada golpiza que sufrió un concejal de la ciudad por parte de notarios cercanos a círculos de poder. Luego de ese taquillero episodio y por esa misma época se dio el destape del ex Superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, acerca de las dádivas a congresistas que fueron presuntamente beneficiados con la entrega de más de 30 notarías en todo el país a cambio de sus votos para la segunda reelección presidencial.
El único que a la fecha está preso y condenado a casi diez años es el ex congresista conservador Alirio Villamizar, a quien le encontraron en su residencia más de mil millones de pesos en efectivo, producto de un acuerdo de “miti miti” por los ingresos de la Notaría 11 de Bucaramanga.
La lista sigue y luego de más de dos años de haberse destapado la olla, el caldo sigue caliente. La Corte Suprema continúa la investigación por el carrusel de notarías, pero no hay resultados ni acciones contundentes, aunque a la espera de que el entrante Gobierno le meta el diente.
Sonará utópico, pero la meritocracia debe prevalecer sobre la “rosca” y no sólo en la adjudicación de notarías. Aplaudo el concurso de notarios que ha oxigenado al Sistema Notarial, que no puede seguir siendo una herramienta oficinesca utilizada, como dijo recientemente César Caballero en lasillavacia.com, “como moneda de cambio para pagar favores políticos… una fuente muy rentable de politiquería y clientelismo”.
