No fue una semana fácil para Empresas Públicas de Medellín (EPM). Primero, decidió suspender la construcción de la hidroeléctrica Porce IV, como lo anticipó en exclusiva este periódico, por problemas sociales y de orden público en la zona. Y el viernes informó que por la fuerte ola invernal suspendió el acto de inauguración de Porce III, que de todas maneras se prenderá este lunes.
Lo que entusiasma al gerente de EPM, Federico Restrepo Posada, es que los costos que se ahorrará la empresa en la logística de la inauguración del proyecto (había que llevar algo más de 300 personas invitadas) se destinarán a soluciones de vivienda para los afectados en el barrio La Gabriela, de Bello.
Adicionalmente, EPM invertirá más recursos en la construcción de viviendas en otras zonas de Antioquia donde la ola invernal dejó a miles de personas sin hogar.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Restrepo Posada dice que el Gobierno no puede permitir que otros proyectos del país, entre ellos, Ituango, sean inviables por las invasiones ilegales.
¿Qué implica para el sector eléctrico y para el país la puesta en marcha de Porce III?
"El proyecto Porce III generará 660 megavatios que complementado con Porce II suma 1.100 megavatios. El costo de inversión ascendió a los 1.350 millones de dólares. Hoy, como teníamos comprometido, ponemos en servicio la primera unidad con un aporte de 175 megavatios al sistema. En el transcurso del primer semestre de 2011 entrarán las otras tres unidades y la última, antes de junio".
¿Cuál es la importancia de la obra para EPM?
"La decisión de invertir se toma por parte de una empresa como EPM en un momento en que ningún actor del sector de generación había tomado determinaciones claras. Es el proyecto de generación eléctrica más grande que se construye en los últimos 20 años y con su entrada, en el corto y mediano plazo se aleja de cualquier riesgo de racionamiento. Con este y otros proyectos, como Hidrosogamoso, que entrará en el 2014, se aleja de cualquier posibilidad de esta naturaleza y marca un hito en ese sentido".
¿Cómo fue el manejo social y ambiental?
"Se desarrolló con sujeción a todas las normas ambientales, con estricto seguimiento al plan de manejo ambiental y social. El social involucró la reubicación de unas 170 familias en casas mucho más dignas de las que tenían. Con un acompañamiento adicional en proyectos productivos que hicieran viable su supervivencia de la economía campesina. El proyecto durante su fase operativa hará unos aportes por Ley 99 (seis por ciento de los ingresos brutos del proyecto se destinarán a las Corporaciones Autónomas Regionales y municipios), de cerca de 3.000 millones de pesos por año".
Debió ser delicado tomar la decisión de suspender Porce IV ¿Cómo se llegó a ella?
"Esta no fue una decisión fácil, pero había que pensar en las implicaciones económicas para una empresa de estas, que maneja recursos públicos. Cuando se tomó la decisión de construir Porce IV, las condiciones sociales y económicas estaban dadas para que el proyecto se construyera. Iniciamos el proceso de licitación de las vías principales y adjudicamos el contrato, aunque no dimos la orden de inicio y observamos que no dejaron entrar al contratista cuando hizo los primeros intentos de llevar equipos de perforación. Eran agentes armados que decían que eso no estaba concertado con todas las comunidades".
¿Ahí fue cuando la situación empezó a salirse de las manos?
"Nosotros qué dijimos: en 2006, cuando se hicieron los estimativos de costos de inversión del proyecto, eran más o menos en 60 o 70 millones de dólares lo que requeriría las compensaciones y reubicaciones de personas. El detonante fue la declaratoria de la zona como de 'utilidad publica', porque hay una llegada masiva de personas y se contabilizaron 8.500 en 2008. Ahí las cosas empezaban a cambiar, porque ya no era el mismo proyecto de antes. Veíamos que las cosas no avanzaban en las mesas de negociación y que cada día llegaba más gente. Estas son personas ubicadas allí de manera ilegal, no son propietarios y no tienen derecho a ningún tipo de indemnización por ley pero una vez allí hay que desaolojarlas y la solución no es de fuerza... Conociendo esa problemática y lo que ocurrió en Porce III (La Bramadora) dijimos que no podíamos cohonestar con la ilegalidad y que no podíamos seguir dilapidando recursos públicos para alimentar los intereses de personas inescrupulosas que están tratando de hacer de esto un negocio, aprovechándose de la comunidad. Pero hay que aclarar que en un proyecto de estos hay minería legal, hay títulos mineros vigentes y válidos, hay personas que viven en la zona y que han vivido por mucho tiempo allí y que tienen todo el derecho a ser indemnizados, compensados y reubicados".
¿Hubo mucha presión entonces?
"Cuando se declara la zona de utilidad pública se supone que está garantizado que no llegarán más personas. Eso es lo que dice la norma. Entonces se le presenta esto a la Junta Directiva de EPM y como no había otra solución, decidimos suspender el proyecto. Y se suspende en el momento en que estaba adportas de salir la licitación la construcción de las obras principales y la fabricación de los equipos".
¿Qué pasará con la responsabilidad ante el Gobierno de entregar la central en 2015?
"Vemos que esta es una situación de fuerza mayor. Cuando cualquier inversionista público o privado decide hacer un proyecto, el Estado le da a uno garantías y el inversionista también las pide. Aquí no estaban garantizadas las condiciones para cumplir con lo que nos comprometimos. Lo menos que se puede invocar es fuerza mayor. Hasta cuando las condiciones de orden público lo permitan, volveremos. Estas son condiciones sociales las que obligan a tomar la decisión, pero no es la primera vez que se toma en el país. Tengo memoria de otras, que fue por razones geológicas o geotécnicas y es el proyecto Cañafisto (de ISA, ahora de Isagén), también sobre el río Cauca y el mismo proyecto Nechí, de EPM".
¿Cómo va el proyecto Hidroituango?
"Este es un llamado de atención al Gobierno porque lo que pasó en Porce IV no se puede repetir en Hidroituango, y hay presión para que eso suceda. Creemos que con esta decisión en Porce IV muchas de las comunidades van a tender a irse para allá y lo que hay que hacer es contenerlas. El mensaje es que estamos dando la alarma. Hace cuatro años en Porce IV no existía esta situación y esto mismo puede ocurrir en cualquier parte del país".
¿En qué estado se encuentra el empalme con la sociedad Hidroituango?
"Estaremos firmando a finales de este año el contrato de concesión. Las mesas ya llegaron a un acuerdo con todos los términos de los contratos. La idea es que el primero de enero de 2011, EPM asuma la totalidad de la responsabilidad de ese proyecto, contractualmente hablando y se finiquite la escisión. El año entrante se culminan las carreteras, se inicia la construcción de los túneles de desviación del río Cauca, que se deben demorar 12 meses. Ese es el hito de un proyecto de estos para empezar a hacer el muro de la presa porque marca el inicio efectivo de la obra como tal. Además se debe hacer en una época de verano. Es decir, eso debería darse en febrero de 2012. Es una licitación de 300 millones de dólares, que se cierra el 25 de enero de 2011 y han retirado pliegos más de 20 compañías constructoras de todo el mundo. También se dará inicio a las obras principales. Deberán estar listos los campamentos, la base militar y la construcción de líneas eléctricas que abastecerán la obra. En el año entrante se invertirán 913.000 millones, casi un billón de pesos. La financiación del proyecto depende la decisión si se vuelve zona franca. Mientras tanto estamos conversando con entidades financieras y estamos armando la estructuración financiera".
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