El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, asumió directamente la investigación relacionada con los menores que fueron quemados por cuatro agentes de la Policía en una estación al sur de Bogotá.
Por la gravedad y connotación de los hechos conocidos y por tratarse de eventos que podrían dar lugar a graves violaciones de los derechos humanos, el jefe del Ministerio Público decidió hacer uso de la facultad preferente y adelantar las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias del caso, para formular los cargos contra los servidores públicos que resulten comprometidos.
El presidente Álvaro Uribe condenó ayer esta situación y recordó que no es conveniente que haya "policías de la Patria" enlodando el nombre de la institución por agresiones a menores de edad.
La Justicia Penal Militar aseguró al subintendente Anatolio Martínez y al patrullero Ómar Cervantes Flórez, involucrados en el hecho.
Los auxiliares bachilleres Diego Alejandro Medina y Jaime Armando Melo fueron retirados de la institución y serían procesados por la justicia ordinaria.
Según el fiscal General, Mario Iguarán, los cuatro podrían ser procesados por el delito de tentativa de homicidio.
La directora del ICBF, Elvira Forero, anunció que ese organismo pondrá un equipo para ayudar a las víctimas.
También recordó que según las disposiciones de la ley de Infancia y Adolescencia, los menores que deban ser retenidos por las autoridades deben ser conducidos a una comisaría de familia.
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