EL COLOMBIANO reveló cómo durante las Fiestas del Aguacero, en el municipio de Caldas (Antioquia), fue favorecido el candidato Simón Posada, del partido Liberal. Durante la celebración del viernes pasado saltaron cuatro pelotas gigantes sobre el público con el logo de la campaña, y el sábado, en el show central de Jorge Celedón, el artista vallenato mencionó a Posada en una de sus improvisaciones.
El alcalde Carlos Durán aseguró en diálogo con este diario desconocer el origen de ambas situaciones y no fue posible conocer la versión del candidato pese a múltiples intentos por localizarlo.
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Ambos hechos estuvieron en contra de la normativa electoral vigente en el país. “El Consejo Nacional Electoral indicó de manera expresa que no está permitido que en los eventos sociales, culturales o de ayuda, organizados y dirigidos por la administración municipal, se realice propaganda electoral a favor de un candidato en cuanto esta conducta, desequilibra las condiciones de las campañas electorales de los demás candidatos y, por lo tanto, puede ser constitutiva de los delitos o faltas disciplinarias preanotadas”, dice la cartilla sobre propaganda política de la Misión de Observación electoral.
Así mismo, la Directiva 001 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación para las elecciones legislativas del año pasado señala que está prohibido para los funcionarios “realizar o propiciar eventos o reuniones institucionales para patrocinar apariciones o causas de personas con aspiraciones electorales o políticas”.
¿Hay lugar a sanciones?
Ahora, lo que no está muy claro es quién responde por este tipo de hechos que no ejecutó directamente un funcionario, por eso EL COLOMBIANO consultó con expertos en derecho electoral qué tipo de sanciones podría acarrear en contra de los funcionarios de la Alcaldía.
De acuerdo con Marlon Pabón, subcoordinador jurídico de la Misión de Observación Electoral, “la Procuraduría debería investigar a fondo si hubo una acción planeada y concertada para que ambos hechos ocurrieran bajo el consentimiento de alguien de la Administración, para hacer publicidad con recursos públicos”.
Es decir, a su parecer, no podría haber una sanción hasta que se establezca quién dentro de la administración le dijo a Jorge Celedón que mencionara a Simón Posada o que fueran lanzadas las pelotas publicitarias de la campaña a la multitud asistente al evento.
En caso de encontrarse a los responsables, las sanciones por indebida participación en política por parte de funcionario irían, según Pabón, desde la suspensión temporal, hasta la inhabilidad, pasando por retiro del cargo, sustitución de labores y destitución, asunto que sería ponderado por la Procuraduría.
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Para Sandra Martínez, líder programática del programa de Transparencia en la Política, ambos hechos fueron claramente violatorios de la normativa: “Es tomar un acto público de la Alcaldía y darle una connotación electoral, ahí el tema sería entrar a revisar el detrimento patrimonial, porque terminó siendo electoral y no solo cultural”.
Además, Martínez aseguró que la responsabilidad recae sobre el alcalde, ya que “¿de dónde viene el cantante a mencionar al candidato?, alguien debió darle instrucciones y el alcalde es el dueño del evento”.
Y si no hay posibilidad de identificar la responsabilidad directa del mandatario, la experta explicó que “el alcalde debe explicar qué medidas de prevención tomó durante el evento para evitar que eso sucediera en plena época electoral. No puede exculparse, está haciendo un evento público en plena campaña, esto debía prevenirse”.
Las denuncias ya fueron interpuestas ante el Consejo Nacional Electoral por varias campañas y por la Veeduría Ciudadana Caldas con Futuro y Transparencia y mañana se realizará el Comité de Garantías Electorales donde este tema será revisado.
