Como ha sucedido en pasadas elecciones, la sombra del trasteo de votos que podría oscurecer las regionales y ya se está haciendo evidente en la etapa de inscripción de cédulas. Por eso, las investigaciones empezaron en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá que decidir si anula o no algunas de estas inscripciones de forma masiva en las zonas donde la alerta tiene gravedad.
En Colombia, 262 municipios tienen riesgo alto de trashumancia (trasteo de votos) y entre estos, Antioquia tiene 35 según cifras de la Procuraduría en su campaña “Yo voto limpio”. Incluso, al hacer un cruce de bases de datos, existen 142 localidades con más censo electoral que población, conforme a lo que advirtió la Misión de Observación electoral (MOE).
Hoy, a dos meses de los comicios, finaliza la inscripción de cédulas. Los ciudadanos que modificaron el lugar de votación ya deben tener en el sistema su punto asignado. Las inscripciones duraron 10 meses y se abrieron un año antes de la fecha de votación. Sin embargo, estos actos que facilitan la participación democrática se ven afectados por intentos de interferir en la elección.
Los procesos ilegales de trasteo de votos ocurren en toda Colombia. Así lo afirmó el director jurídico de la Misión de Observación electoral (MOE), Camilo Mancera, quien expresó que este fenómeno ocurre hace muchos años en Colombia, y “los ciudadanos alteran su residencia de votación por prestaciones o presiones”.
Además, añadió, este es el pilar de la compra de votos. De esta forma, los líderes buscan grupos de personas para movilizarlos con el fin de asegurar su participación recurren a ofrecer pagos, “un primer monto cuando se inscriben y otro cuando votan. También les prometen trabajo o los coaccionan para que puedan conservarlo”.
Panorama confuso
El mapa de riesgo en Colombia parece estar pintado por completo. La mayoría de los municipios del país tiene en alguna medida contingencia y 1.073 entes territoriales están ubicados en riesgo medio y alto por trasteo de votos. Solo 28 están en el menor riesgo, documenta el informe de la Procuraduría. En detalle, 288 ciudades del país (24 % del territorio), se encuentran con la lupa de las autoridades electorales, es decir, en alto peligro de posible trashumancia.
Por su parte, 27 de los 32 que departamentos de Colombia tienen zonas con alto riesgo electoral. Antioquia ocupa la tercera posición y solo tiene por encima a Cundinamarca (con 40) y Boyacá (con 56).
Además, en el departamento, Urrao presenta una inscripción atípica de células, pues respecto a las regionales del 2015 su porcentaje de inscripción aumentó, marcando un 122,98 %. Otros municipios del país con esta problemática son: La Salina, Casanare con 325,64 %; Inírida, Guainía con 202 %, y en Ragonvalia, Norte de Santander con 158,72 %.
Sumado a lo anterior, según el Índice de Riesgo Trashumancia (ITC) en el departamento, que va de 0 a 1, los municipios con más alta medida son: Guatapé con o,66, Concepción con 0,65, Alejandría con 0,64, San Francisco con 0,60 y Armenia con 0,59 (ver infografía).
Los ojos en el delito
Para la experta electoral de Transparencia por Colombia, Sandra Martínez, estos delitos son el pilar del ciclo de la corrupción, pues, en una elección que se incurre a estas prácticas para ser elegido, en la siguiente fase, que es el Gobierno, continuarán.
Con este panorama, el paso a seguir es que los ciudadanos, los entes electorales y las organizaciones sociales denuncien las zonas con estos riesgos para que el CNE proceda a investigar. Además, cabe resaltar que estas indagaciones se hacen con los otros entes encargados de vigilar procesos electorales como la Fiscalía y la Procuraduría.
Al respeto, el presidente del CNE, Heriberto Sanabria, en diálogo con EL COLOMBIANO, manifestó que ya se encuentran organizados para realizar la tarea. “Cada despacho tiene una región, cada magistrado con su equipo estarán está y la otra semana verificando las inscripciones”. De igual forma, expresó que para cumplir con la tarea no son suficientes los recursos.
Lo más evidente de la situación es que los riesgos por trasteo de votos son latentes y estos hacen parte de un entramado de corrupción que envuelve a candidatos y sus colectividades, por ello, los entes electorales encendieron las alarmas y ponen la lupa en el territorio para evitar que esta práctica afecte las futuras elecciones.
