Con la intención de reducir la seguridad de la fuerza pública en los estadios, la ministra del Deporte, Luz Cristina López, contempla la posibilidad que los clubes asuman la responsabilidad de la logística y seguridad en los estadios del país.
Esta decisión afectaría gravemente las finanzas de los dos grandes equipos antioqueños, Nacional y Medellín, además de otras escuadras del país, que tienen asistencias superiores a los 15 mil aficionados.
“El 4 de abril se adelantará la primera comisión nacional y se aprobará el reglamento para que las entidades actúen al respecto. Este viernes se hará una mesa técnica con Policía, Dimayor, Mindeporte, Mininterior para discutir la presencia de la policía y que los clubes asuman la responsabilidad de la logística y seguridad. No queremos a los violentos haciendo parte de los espectáculos deportivos” manifestó López en una rueda de prensa con los medios este martes.
De esa manera, a los equipos les tocaría asumir el pago de la seguridad privada para cada uno de sus partidos.
El año pasado, ya la Dimayor se había pronunciado en ese sentido y había dicho que las obligaciones relativas a seguridad y orden público se encuentran en cabeza de las autoridades administrativas y de policía del nivel nacional y local y por tanto, no se pueden trasladar a los clubes de fútbol profesional, ni a los particulares contratados por estos para prestar servicios de logística.
Además, hizo una petición amparada en la Constitución y la circular 201420000000105 de 2014 de la Superintendencia de Vigilancia, que dice que el único cuerpo facultado para realizar registro de personas a eventos como los partidos de fútbol es la Policía Nacional.
Atlético Nacional también había expresado su preocupación ante el cese del apoyo por parte de la Policía Nacional para realizar dichos controles (registros de personas) en los filtros de ingreso al Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. “Al no poder ser asumidos por los particulares que los clubes de fútbol profesional proveemos para la logística, significa un riesgo para el ejercicio de derechos y libertades públicas de los asistentes a los certámenes deportivos, máxime cuando se trata de eventos masivos de interés público”.
Así que en la reunión del próximo 4 de abril podría haber luces sobre este asunto.