Los enredos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) con el tema de la boletería iniciaron con la venta de entradas para el partido entre Colombia y Brasil del 5 de septiembre de 2017.
Los aficionados que ingresaron a comprar en Ticketshop y Ticket Ya se sorprendieron que localidades como norte y sur del estadio Metropolitano de Barranquilla, que habitualmente costaban 65 mil pesos, estaban por encima de los 200 mil, un 300 por ciento más.
Después vino una denuncia de César Ronaldo Carreño, de Tickectshop, a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre las irregularidades, lo que permitió abrir una investigación.
Este lunes salieron las sanciones a los implicados, personas naturales y jurídicas (FCF y Ticket Ya), multas que suman un total de 18.352 millones de pesos. Entre los primeros están Luis Bedoya, Ramón Jesurún y Álvaro González, estos dos últimos actuales dignatarios de la FCF (ver listado completo).
Sin embargo, la entidad respondió a la Superintendencia que no había sido notificada de la decisión y criticó que esta fuera informada primero a la prensa. “El hecho de no utilizar los mecanismos previstos en la ley, sino los medios de comunicación para informar decisiones administrativas, reitera las irregularidades que desde el inicio del proceso se han advertido y hemos puesto en conocimiento de las autoridades”.
El Superintendete Andrés Barreto González negó las supuestas irregularidades . “No hicimos una investigación porque sí, sino que recibimos la información de un delator de Ticketshop que presentó colaboración con pruebas que pudieron ser constatadas y corroborradas, entonces no entiendo las críticas al proceso cuando ellos, con abogados, han intentado todo tipo de prácticas dilatorias y por eso el proceso ha demorado”, comentó en medios radiales.
Implicaciones
El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, evitó pronunciarse sobre el tema, al igual que Álvaro González, ambos miembros del Comité Ejecutivo.
Lo que sí se sabe es que la Federación usará el recursos de reposición ante la Superintendencia. “Apenas se surta la notificación, y como en derecho corresponde, recurriremos a dicho mecanisno y en caso de que la SIC mantenga su posición, la FCF acudirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entidad encargada de adoptar una decisión definitiva, verdadero juez del proceso”.
El abogado Daniel Saavedra, de la universidad Externado de Colombia, experto en Derecho deportivo, indicó que hasta acá los implicados de la Federación pueden seguir ejerciendo sus funciones, porque aún no hay una sanción penal. “Si la reposición no surte efecto y estos no pagan las multas, los sueldos serían embargados para que cumplan con la sanción”.
Según Saavedra, solo podrían ser inhabilitados si hay un proceso penal que falle en su contra. La Superintendencia remitió toda la información a la Fiscalía, ente encargado de decidir si lo hace.
Si esto sucede, el presidente de la Federación, Ramón Jesurún, debería dejar su cargo y en su lugar, según los estatutos, asumiría el representante de la Dimayor, en este caso Jorge Enrique Vélez, quien viene siendo discutido por un grupo de 11 clubes que piden su renuncia por su labor.
El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dijo: “Estamos a la espera de la notificación de la SIC para poder solicitar medidas”.
El proceso fue remitido también a la justicia de EE. UU. (ver protagonistas), y de ser hallados culpables podrían, incluso, pagar cárcel en ese país, porque, como explica el abogado Saavedra, muchos colombianos que viven allí habrían comprado boletas y pueden denunciar ante esa justicia, además entrarían en la investigación del Fifagate.
