El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez dio a conocer este jueves que será llamado a juicio por el proceso en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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Según el líder político, el Tribunal Superior de Bogotá –que estudió en segunda instancia la decisión de llevar su caso a juicio y no precluirlo– ratificará lo resuelto por la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá. Es decir: que el caso no puede terminarse, sino que debe ir a juicio por la presunta comisión de esos delitos.
Es la primera vez que un proceso judicial contra un expresidente de la República llega a esta instancia. Por este caso, que inició investigando la Corte Suprema de Justicia en 2018, Uribe estuvo en detención domiciliaria entre agosto y octubre de 2020.
Por otro lado, el exmandatario también indicó que “hará unas referencias en Cartagena, ciudad donde participo en un foro de seguridad”.
Uribe está en líos con la justicia por este caso desde que en febrero de 2012 denunció al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia porque, según el expresidente, estaba montando un presunto “cartel de falsos testigos” en su contra que lo implicara o relacionara con grupos paramilitares.
Dos años y medio después, en septiembre de 2014, siendo senadores ambos –Uribe en el Centro Democrático y Cepeda en el Polo– el líder del Centro Democrático dijo que aportaría más pruebas a su denuncia en la Corte. Ese día, Cepeda realizó el recordado debate sobre paramilitarismo en Colombia.
En febrero de 2018, ad portas de las elecciones legislativas y presidenciales de ese año, la Corte profirió un fallo en el que se inhibía de investigar a Iván Cepeda y, por el contrario, ordenaba una investigación contra Álvaro Uribe por manipular testigos. Es decir, pasó de denunciante a investigado.
Sin embargo, fue recién en octubre de 2019 que el entonces senador del Centro Democrático fue llamado a indagatoria ante el alto tribunal, con lo que quedó vinculado a una investigación por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Diez meses después, el 4 de agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe mientras avanzaba la investigación en su contra.
Desde entonces, el expresidente renunció al Senado y así su proceso pasó a la Fiscalía General de la Nación, en donde, hasta hoy, ha seguido un curso lento y lleno de recursos procesales que lo tienen ad portas de ser el primer exmandatario en ir a juicio ante un juez de la República.
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