Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), con corte al 28 de febrero de 2025, 8.812.089 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado (La cifra es un compendio desde antes de 1996). Y de acuerdo con lo hablado en último consejo directivo de la entidad, el número de hectáreas que han sido arrebatadas violentamente de sus dueños podría ser más grande de lo que se tenía previsto. El plan es recuperar una gran parte de ellas en el menor tiempo posible.
El mayor Giovani Yule, director general de la URT, se pronunció al respecto en la reunión que tuvo lugar en Bogotá: “en la planeación de este año tenemos una proyección de radicar demandas para reclamar cuatro millones de hectáreas”.
Además, agregó: “eso quiere decir que el despojo en Colombia ha sido muy grande y sobrepasa los cálculos que tenían los especialistas. Cuando nació la Ley 1448 de 2011, se consideraba que el despojo era de ocho millones de hectáreas, y hoy como ustedes ven ya estamos llegando a 12 millones. Más las cuatro millones que tenemos proyectadas, serían alrededor de 16 millones de hectáreas las que han sido despojadas a la población indígena, afro y campesina”.
Según los cálculos de la administración actual, desde 2011, la URT ha presentado demandas para reclamar alrededor de 10,4 millones de hectáreas a favor de comunidades étnicas, de las cuales más del 50% han sido desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.
Los pueblos étnicos son prioridad
Una de las prioridades de la Unidad es seguir la ruta étnica en el proceso de restitución. Aseguran que es un punto que ha sido dejado de lado en otras administraciones.
“Cuando llegamos, no había avance en cuanto a comunidades indígenas y afrodescendientes. Pero hoy hay varios logros: tenemos 11,9 millones de hectáreas inscritas en el RTDAF, un 90% perteneciente a pueblos ancestrales”, recalcó Yule.
Según datos de la misma entidad, históricamente (y con corte al 28 de febrero), las cifras de del conflicto armado (no sólo del desplazamiento, sino de otros delitos) han afectado a las siguientes poblaciones: de las 9.888.182 de víctimas; 1.259.540 son afrocolombianos, 261.025 son indígenas; 11.462 son raizales de San Andrés y Providencia; y 8.204 son palenqueros.
Otra de las prioridades es la atención a los problemas de orden público en el Catatumbo. Hasta el momento han radicado 317 solicitudes para atender y proteger a las familias afectadas por el conflicto en la zona. Además, aprobaron un presupuesto de 2.128 millones de pesos para defender las comunidades del lugar.
”La tarea nuestra es evitar que en el marco de la violencia que se está dando allá se despoje a nuestros hermanos indígenas, afro y campesinos. Hemos trazado una hoja de ruta para ver cómo hacer presencia en los municipios más golpeados, a través de unas oficinas y personas que van a atender a la población y registrar las solicitudes que entren como parte de esta emergencia”, explicó el director general.
Un nuevo proyecto de ley
Por el momento, el texto ya obtuvo la aprobación de la Comisión Primera del Senado. El objetivo es agilizar el proceso de restitución de tierras por medio de facultades jurisdiccionales que se le entregarían a la URT que le permitirían a la entidad resolver en etapa administrativa las solicitudes que no tengan oposición.
“Así se facilitarían más de 8.300 procesos sin opositores, el 38%. Sería muy importante porque estaríamos dándole solución a mucha gente. Hace falta ponernos de acuerdo en el articulado del proyecto de ley, estamos tratando de hacer consensos para que siga su tránsito favorable en el Congreso”, afirmó Yule.
