El ente acusador les imputó delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual no fue aceptado por ninguno de los dos.
Tanto el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), Olmedo López, como el exsubdirector, Sneyder Pinilla, fueron imputados por un nuevo delito dentro del escándalo de corrupción al interior de la entidad.
El ente acusador les sumó el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales por sus presuntas actuaciones ilegales en la celebración de los contratos para la adquisición de los 40 carrotanques que debían repartir agua en La Guajira.
De acuerdo con la Fiscalía, los exfuncionarios se aprovecharon de las declaratorias de calamidad pública emitidas por el Gobierno para direccionar contratos a cambio de coimas.
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Durante la nueva diligencia de imputación, el ente acusador habló nuevamente de la presunta participación de César Manrique, exdirector de Función Pública, con quien López habría pactado coimas de hasta el 7% en los contratos derivados de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras.
“Por la colaboración que Manrique Soacha, jefe político de Luis Carlos Barreto, realizó en la liberación del dinero, usted coordinó con este el pago de una coima del 7% con los contratos que se celebraran con los 100.000 millones de pesos”, dijo la Fiscalía.
En ese contexto, el ente investigador explicó que tanto Olmedo como Pinilla se apropiaron de parte del dinero destinado para la compra de 40 carrotanques de agua potable en La Guajira.
“Usted, López Martínez, ordenador del gasto, dispuso en tal condición de los recursos oficiales a través de la celebración de la orden de proveeduría, para lo cual acordó con César Augusto Manrique Soacha y Luis Carlos Barreto, junto a Pinilla Álvarez, direccionar el contrato al empresario designado por Manrique Soacha a cambio del pago de una coima equivalente al 7% del valor del contrato”.
El ente investigador anunció que los procesados también tendrán que responder por irregularidades en 53 contratos que firmaron en la entidad.
Una vez consultados sobre la aceptación o no del nuevo cargo, los exfuncionarios se declararon inocentes. En ese caso, su defensa explicó que la no aceptación del delito se da en el marco de la negociación de un principio de oportunidad con la Fiscalía General.
Previamente, la Fiscalía ya les había imputado los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la Fiscalía, los exfuncionarios se aprovecharon de las declaratorias de calamidad pública emitidas por el Gobierno para direccionar contratos a cambio de coimas.
Durante la nueva diligencia de imputación, el ente acusador habló nuevamente de la presunta participación de César Manrique, exdirector de Función Pública, con quien López habría pactado coimas de hasta el 7% en los contratos derivados de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras.
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“Por la colaboración que Manrique Soacha, jefe político de Luis Carlos Barreto, realizó en la liberación del dinero, usted coordinó con este el pago de una coima del 7% con los contratos que se celebraran con los 100.000 millones de pesos”, dijo la Fiscalía.
En ese contexto, el ente investigador explicó que tanto Olmedo como Pinilla se apropiaron de parte del dinero destinado para la compra de 40 carrotanques de agua potable en La Guajira.
“Usted, López Martínez, ordenador del gasto, dispuso en tal condición de los recursos oficiales a través de la celebración de la orden de proveeduría, para lo cual acordó con César Augusto Manrique Soacha y Luis Carlos Barreto, junto a Pinilla Álvarez, direccionar el contrato al empresario designado por Manrique Soacha a cambio del pago de una coima equivalente al 7% del valor del contrato”.
El ente investigador anunció que los procesados también tendrán que responder por irregularidades en 53 contratos que firmaron en la entidad.
Una vez consultados sobre la aceptación o no del nuevo cargo, los exfuncionarios se declararon inocentes. En ese caso, su defensa explicó que la no aceptación del delito se da en el marco de la negociación de un principio de oportunidad con la Fiscalía General.
Previamente, la Fiscalía ya les había imputado los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
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