Los actos de vandalismo contra la fachada de la Catedral Primada de Bogotá fueron la gota que rebosó el vaso, tras una serie de cuestionamientos a la Policía por su aparente lentitud e inacción frente a desmanes de orden público perpetrados en el último mes.
El dedo en la llaga lo puso la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuando publicó una grabación del ataque cometido a las 8:00 p.m. del miércoles, en el que feministas radicales usaron bombas molotov contra la puerta del templo, y trinó: “Esto es vandalismo. Merece sanción social y legal. Este video me lo mandó el propio comandante de @PoliciaBogota. ¿Por qué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la Ley? Pregunto con respeto: ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar?”.
El aludido comandante de la Policía de Bogotá, general Carlos Triana, contestó que en la marcha asistieron cerca de 1.300 personas, protestando en favor del aborto, y que la manifestación fue acompañada por mil policías.
Reconoció que en su recorrido hacia el Ministerio de Salud, las marchantes pintaron fachadas y rompieron vidrios de entidades bancarias, una estación de Transmilenio y un bus articulado. Los uniformados solo intervinieron cuando arrojaron las molotov a la catedral, pero no capturaron a nadie.
Pese a las explicaciones, la pregunta de la alcaldesa resonó con fuerza, no solo en la opinión pública, sino al interior de la Policía, donde vienen creciendo las quejas contra directrices del Gobierno y del jefe de la Institución, general Henry Sanabria.
En el foco de la polémica está el Instructivo 025 de septiembre de 2022, en el que Sanabria estableció las nuevas guías para el comportamiento policial en las protestas sociales. Allí consignó, entre otras cosas, que los uniformados no deben detener a los protestantes que los ataquen con “expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas o excéntricas”, porque “prima el derecho a la manifestación pública”.
Esto disgustó al Colegio de Generales Retirados de la Policía, que lo interpretó como una forma de legitimar la violencia contra servidor público. “La Policía dejaría de ser autoridad si no se le respeta”, sentenció el general (r) Henry Castro, presidente del gremio.
A esto se suma que muchos uniformados se sienten “maniatados” con las modificaciones impuestas al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hoy llamado Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).
Sin contar la incertidumbre causada por la renuncia de 23 oficiales, que radicaron la petición entre junio y agosto y fue aceptada esta semana por la Institución; y la “barrida” de 21 generales que fueron despedidos hace un mes para conformar la nueva cúpula.
“Se fueron los que más sabían de seguridad y lucha contra el crimen”, se lamentó un oficial en diálogo con EL COLOMBIANO. Como otros que se han quejado, pidió la reserva de su nombre por temor a ser sancionado.
En el ambiente ronda la pregunta sobre una aparente disminución de las capacidades y fortalezas de la Policía. Fuentes de la Dijín, la Dirección Antinarcóticos y Dirección de Inteligencia, así como de la Fiscalía, le han reiterado a este diario que las operaciones contra objetivos de alto valor están frenadas.
No hay bombardeos a grupos armados ilegales, ni capturas de capos del narcotráfico o de cabecillas de bandas. Además, los fenómenos de invasión de tierras se multiplican en varios departamentos.
Las campañas militares y policiales emblemáticas, como Agamenón-Cóndor (contra Clan del Golfo), Aquiles (Bajo Cauca), Esparta (Catatumbo), Atenea (Llanos Orientales) y Artemisa (delitos ambientales) marchan a paso de tortura, por los cambios de comandantes y del enfoque estratégico de seguridad.
“Con los acercamientos de la paz total, nos piden desde Bogotá que nos quedemos quietos. Las investigaciones que llevábamos contra las redes del ELN, las disidencias y el Clan del Golfo no avanzan”, detalló uno de los agentes.
Como esta sensación parece constante, el propio MinDefensa, Iván Velásquez, ha tenido que repetir en varios escenarios que las capacidades de la Fuerza Pública no se van a disminuir en el gobierno de Gustavo Petro.
Pese a esto, la Comisión Primera de la Cámara lo convocó a un debate de control político para que explique cómo se atenderán las cuestiones de desmanes públicos.
Sanabria ha dicho que en el caso de los 23 retiros “los policías jamás presentaron como motivo alguna situación de desmotivación, son circunstancias personales”. Y reiteró: “la Policía está fortalecida, no estamos maniatados”.
Ayer se esperaban algunas palabras del presidente Petro frente a estas polémicas, durante una ceremonia de ascenso de patrulleros en Bogotá; sin embargo, el evento se canceló por una tormenta.
