Al presidente Petro le queda por lo menos una semana para expedir los decretos en el marco de la emergencia económica que anunció en esa región del país a principios de este mes.
A principios de mes, el presidente Petro se trasladó con todo su gabinete a La Guajira para gobernar desde allí . FOTO
Presidencia
Al presidente Gustavo Petro le queda por lo menos una semana para poner en marcha el decreto 1085 con el que anunció la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, pero hasta el momento no hay decretos para enfrentar la crisis.
En ese documento, que ya fue presentado ante la Corte Constitucional, quedó plasmado que se adoptarán las medidas necesarias para atender la emergencia a través de “decretos legislativos” y “todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos”. Pero apenas hace un día, Petro trinó en su cuenta de Twitter que está alistando los primeros decretos para poner en marcha el plan.
Y aunque el mandatario desde inicios de este mes se trasladó con todo su gabinete para esa región el país y priorizó sectores como el agua, la desnutrición y la salud, ninguna de sus carteras ha publicado los decretos legislativos que desarrollarán la emergencia.
Lo cierto es que al Presidente se le agota el tiempo porque el mecanismo de emergencia fue firmado el pasado 2 de julio y tiene un tiempo máximo de 30 días para presentar las medidas a tomar para enfrentar la crisis.
Es decir que durante ese lapso de tiempo, el mandatario puede firmar nuevos decretos con fuerza de ley sin tener que pasar por un trámite legislativo para poder atender esa emergencia específicamente en el territorio para el que se decretó, en este caso La Guajira. En esos primeros 30 días, el gobierno debe citar al Congreso para que revise esos decretos que se vencen al mismo tiempo que la declaratoria de emergencia, pero eso todavía no ha pasado porque no hay decretos listos.
Por el contrario, ese decreto de emergencia ya va andando en la Corte Constitucional, encargada de validar si cumple o no los requisitos necesarios para aplicar ese mecanismo frente a la problemática en La Guajira que otros gobiernos han intentado atender sin éxito. El pasado 14 de julio, la Sala Plena decidió convocar a una sesión técnica con el fin de ampliar la información que sustenta la declaratoria. Esta vez, la magistrada ponente Natalia Ángel Cabo asumió el conocimiento del decreto legislativo que declara el estado de excepción y ordenó la práctica de pruebas a efectos de evaluar su constitucionalidad.
En palabras sencillas, la Corte tendrá que revisar si existe una grave calamidad pública para declarar una emergencia, a excepción de una guerra o conmoción interna. En ese sentido tendrá que estudiar los fundamentos que se tuvieron en cuenta para emitir el decreto y deben tener una relación directa a lo que hay que solucionar. Ahora queda esperar si la Corte decide tumbar el decreto al no considerar que sea un caso sobreviniente o imprevisto como una avalancha o una pandemia, requisito fundamental en este tipo de mecanismos.
