Temístocles Ortega anunció hace unas horas que asumiría la curul en el Senado dejada por David Luna tras su renuncia para aspirar a la Presidencia de Colombia. Sin embargo, su nombre vuelve a ser noticia, luego de que la Fiscalía lo acusara formalmente ante la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en contratos para obras en el aeropuerto del Cauca.
Ortega deberá responder por hechos ocurridos cuando era gobernador de Cauca. De acuerdo con la Fiscalía existieron irregularidades en el contrato “para la ampliación en 200 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto del municipio de López de Micay, por un valor de $2.599.729.902, con un plazo de 6 meses”.
El exmandatario fue acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros agravado en concurso con falsedad en documento privado.
“El proyecto se habría soportado con estudios de suelos falsos e inconsistencias en los cálculos de diseño de alcantarillas. Tampoco se gestionaron permisos ambientales ni autorizaciones previas ante la Aeronáutica Civil para avanzar con las obras”, declaró el organismo, con base en la investigación de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con la Fiscalía, siendo gobernador (2012-2015), Ortega desatendió “de manera libre, consciente y voluntaria” los principios de economía y responsabilidad propios de la contratación estatal.
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“No se cumplió el objeto contractual consistente en la ampliación en doscientos metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Lopez de Micay, Departamento del Cauca” para que este contara con las especificaciones técnicas de los aeropuertos de la región del litoral pacífico, con la finalidad de que, llegaran aviones de mayor calado de los que estaban ingresando a la pista en funcionamiento”, se lee en la acusación.
El documento añade que “solo se construyeron 100 metros, a lo que se suma que el tramo posterior no cumplió con las dimensiones establecidas en el reglamento aeronáutico, y prontamente presentó agrietamientos, ondulaciones y resaltos, lo que podría poner en riesgo la aeronavegabilidad, sin acatar las recomendaciones de la Aerocivil, que por lo tanto no expidió una nueva licencia de operaciones”.
Por estos hechos, la Corte vinculó al exgobernador mediante una indagatoria realizada en junio de 2022, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado y peculado por apropiación, teniendo en cuenta que en ese entonces era senador. Sin embargo, concluido su periodo, el caso pasó a manos de la Fiscalía, que encontró mérito suficiente para presentar escrito de acusación.
