A la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llegó la solicitud formal de extradición de las autoridades de Estados Unidos, que requiere a los dos involucrados en el caso de la avioneta cargada con 446 kilogramos de clorhidrato de cocaína y $102 millones en efectivo que cayó en el aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia y Santa Catalina, en San Andrés, en mayo pasado.
Las personas requeridas por la justicia estadounidense son Juan Camilo Cadena (piloto) y Harold Rivera (técnico de vuelo), quienes se encuentran detenidos por el caso que también salpica a Miguel Jaramillo, el esposo de la actriz y comediante Alejandra Azcárate, y representante legal de la empresa a la cual pertenece la aeronave.
Los documentos llegaron al alto tribunal a través de correo electrónico por parte de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia. El caso quedó en manos del despacho del magistrado Gerson Chaverra.
La petición formal de Extradición estaba pendiente desde el pasado mes de septiembre, cuando la Corte Distrital del estado de Florida, EE. UU., emitió la orden. En dicha solicitud explican que los dos hombres son requeridos por conspirar para introducir el cargamento a territorio norteamericano.
Cadena y Rivera tienen medida de aseguramiento en centro carcelario desde el pasado 26 de mayo, tres días después de la incautación de la aeronave. La Fiscalía les imputó los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado; y lavado de activos. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.
El hallazgo del estupefaciente se produjo el 23 de mayo en San Andrés, a donde habría llegado la avioneta con supuestas ayudas humanitarias y cajas con tapabocas. Esta carga era una fachada para ocultar el ilícito. El avión había despegado del aeropuerto de Guaymaral en Bogotá.
Desde junio, a la aeronave N722KR, propiedad de la empresa Interandes Helicópteros S.A.S, le fue aplicada extinción de dominio.
La Fiscalía explicó en su momento: “El material probatorio y la evidencia física recaudadas evidencian que la aeronave, avaluada en 2200 millones de pesos, habría sido dispuesta como instrumento para cumplir actividades ilícitas relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”.
