El superintendente delegado para la protección de la competencia, Francisco Melo, respondió las denuncias que hizo el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex) sobre presuntas irregularidades que se presentaron en una visita administrativa a la sede de esa entidad.
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Según la petición que el sindicato envió a la Cancillería, y que conoció EL COLOMBIANO, piden que les expliquen el motivo para obtener una copia de información de seguridad nacional que no estaba relacionada con el trámite de la diligencia y cómo se manejará esta información por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre otras.
Ante esto, el superintendente Melo respondió en diálogo con El Tiempo que “no fuimos a solicitar información confidencial de seguridad nacional que no estuviera relacionada con procesos de selección”, puesto que “no hace parte de la función que estamos desarrollando en el marco de estas visitas administrativas”.
Según Semrex, la SIC estuvo en por lo menos cuatro dependencias llevándose copias de los celulares personales de las personas encargadas que no manejan ninguna información relacionada con la licitación de los pasaportes, que originó la visita.
En ese sentido, el funcionario de la SIC expresó que “tal vez el funcionario considera que en su correo electrónico institucional, que son personas que se relacionan con procesos de selección, podría haber información que en su concepto esté relacionada con seguridad nacional, pero nadie ve esa información hasta que se surta el proceso que hay que explicar”.
Por otro lado, Melo dijo que esa entidad está facultada para “solicitarles a los funcionarios que manejen procesos de selección, equipos de comunicación, sea computadores, correos y celulares, donde se maneje información relacionada”.
Aun así, el presidente de Semrex, Francisco Burchardt, aseguró que “hablé con cuatro personas y se sintieron asustadas porque les pidieron sus celulares y elementos personales para hacer copias”.
Las actuaciones que adelantó la Superindustria en la Cancillería, la Registraduría y la empresa Thomas Greg & Sons siguen generando denuncias porque en esas visitas usaron la policía judicial y se presentaron presuntas irregularidades en su desarrollo. La Procuraduría, de hecho, señaló que en las visitas se habrían ocurrido vulneraciones al ordenamiento jurídico y a la garantía del debido proceso.
“Para este proceso no requeríamos orden judicial porque está enmarcado en la constitución y jurisprudencia. Nosotros no decomisamos el celular. El permiso se solicitó al funcionario y ahí mismo en Cancillería se le devolvió el celular”, explicó al respecto Melo.
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