Tres funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros tres de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fueron capturados en una operación contra la expedición ilegal de documentos impulsada por una banda de tráfico de migrantes.
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De acuerdo con la información de las autoridades, en total fueron 31 capturas de personas que integraban la red criminal, la cual era liderada desde Barranquilla por una colombiana y un ciudadano dominicano, cuyos nombres, al igual que el de los demás implicados, han reservado la Policía y la Fiscalía, mientras se llevan a cabo las audiencias de control de garantías.
El coronel Edwin Masleider Urrego, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), explicó este jueves que la banda se había especializado en tramitar documentos para migrantes venezolanos y dominicanos, entre los cuales se contaban pasaportes, registros civiles de nacimiento y cédulas de ciudadanía, con el propósito de hacerlos pasar como ciudadanos colombianos.
Durante la investigación, que inició en 2021 con apoyo de agencias internacionales, la Registraduría ha anulado 344 cédulas falsas que la organización les había entregado a los viajantes, los cuales hacían dos rutas: Colombia - Europa y Colombia - Guatemala - México - Estados Unidos.
“El grupo delincuencial tendría dos cabecillas, un ciudadano dominicano quien es buscado en 196 países por el delito de tráfico de migrantes y concierto para delinquir; y una colombiana, cuya actividad se vendría realizando desde 2021, ella tendría un considerable número de colaboradores entre los que también estarían vinculados seis de sus familiares, todo un clan familiar”, argumentó la Policía en su informe.
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La red de tráfico de migrantes tenía eslabones en Bogotá, Atlántico, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cesar, Sucre y La Guajira, donde se llevaron a cabo las capturas.
“Al menos 11 personas se encargarían de buscar a los migrantes para ofrecer, tramitar y obtener documentos adulterados. A su vez, tres empleados activos y seis exfuncionarios de la Registraduría estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para suplantarlas, mientras que tres empleados y tres extrabajadores de la Cancillería se encargarían de formalizar en pasaportes las falsas identidades”, agregó la Policía, respecto al modus operandi.
Por su parte, Gabriel Sandoval, delegado de la Fiscalía para la Criminalidad Organizada, señaló que los extranjeros debían pagar entre 2.000 y 4.500 dólares para obtener los documentos.
Indicó que el ente acusador les va a imputar cargos por tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito. Luego le pedirá al juzgado que los envíe a la cárcel.
