La juez tercera con función de control de garantías de Bogotá evalúa este miércoles 18 de diciembre si le impone a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, medida de aseguramiento mientras avanza la investigación en su contra por su presunta participación en el entramado de corrupción y saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Entérese: Así habrían sido las presiones de la exconsejera Ortiz para beneficiar con millonario contrato a Name.
La exfuncionaria de la Presidencia de la República fue imputada por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Así mismo, el ente acusador también pidió que Ortiz sea enviada a la cárcel como medida cautelar mientras avanza el proceso penal.
Sandra Ortiz es señalada por la Fiscalía de haberle entregado $3.000 millones en efectivo por parte de Sneyder Pinilla, repartidos en maletines negros, que luego habría entregado al senador Iván Name (Alianza Verde). En la imputación de cargos se declaró inocente de los cargos imputados.
Para la juez, las pruebas presentadas son suficientes para inferir que Ortiz representa un riesgo para el desarrollo de la investigación y para los intereses de la ciudadanía.
“La señora Sandra se ha demostrado por parte de la fiscalía bajo elementos materiales probatorios quién es ella, qué hace y qué influencia puede tener dentro de estas entidades porque tiene bastante conocimiento, ya que esa ha sido su vida laboral desde 2006 como lo explicaba la Fiscalía hasta este año. Y en el último cargo bastante alto este cargo con bastante influencia para señalar que efectivamente podría sí de alguna manera o destruir la prueba o influir en testigos”, consideró la togada.
De igual manera, la juez tuvo en cuenta el hecho de que Ortiz al parecer eliminó parte de las conversaciones que sostuvo vía WhatsApp con Sneyder Pinilla, según material en poder de la Fiscalía.
Vale recordar que Ortiz aseguró que la directora del Dapre, Laura Sarabia, conocía sobre las irregularidades en la adquisición de carrotanques para repartir agua en La Guajira.
“Yo misma denuncié la corrupción de los carrotanques. Después de que la periodista Paula Bolívar denunció 30 carrotanques, a mí me avisaron de 10 más. Y además yo generaba unas alertas mensualmente donde yo también avisé en ese momento a Laura Sarabia de 10 carrotanques más”, dijo la exfuncionaria.
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