El expresidente Ernesto Samper, uno de los escuderos del Gobierno, se pronunció este lunes ante la propuesta del excanciller Álvaro Leyva de echar mano al Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc en 2016 para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, como busca el presidente Gustavo Petro. Para el exmandatario, la iniciativa no es más que “un salto al vacío de la institucionalidad”.
A través de un comunicado divulgado este lunes, Samper aseguró que, a la luz de las normas vigentes, “no es posible legitimar” la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el Acuerdo de Paz: “Sería una Constituyente de facto, un salto al vacío de la institucionalidad que empezaría por desconocer el Congreso y la Corte Constitucional”, advirtió.
Por ello, el exmandatario abogó por el acuerdo nacional que ha pregonado el actual jefe de Estado, señalando que los partidos políticos con asiento en el Congreso pueden llegar a acordar los puntos clave de una reforma constitucional que alcanzaría a tramitarse antes de terminar el mandato del presidente.
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No obstante, Samper le achacó la responsabilidad a la oposición y aseguró que para avanzar en el acuerdo nacional es necesario que permitan la discusión de las reformas sociales en el Congreso, no estimular la judicialización de la política (lawfare) y evitar el daño reputacional e internacional de la confianza en la economía.
En síntesis, dice Samper, “lo que se ha denominado un golpe de Estado blando, que busca impedir de manera ilegítima el ejercicio legítimo de la gobernabilidad en Colombia”.
Previamente, desde Brasil, el expresidente Juan Manuel Santos dio a conocer su posición, asegurando que usar el Acuerdo de Paz con las Farc para convocar una constituyente “es un absurdo, esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación. La teoría de que el acuerdo puede modificar las partes contratantes tampoco tiene asidero jurídico porque en los acuerdos especiales presuponen que el conflicto entre las partes continúa y ese no fue el caso entre el Estado y las Farc”, dijo el expresidente Santos, quien se empeñó en sus años de gobierno por sacar adelante ese proceso de paz que le valió el premio Nobel de Paz.
Santos también apoyó lo que ya han dicho otros exnegociadores de paz y varios juristas destacados: “La asamblea constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución, cualquier intento de hacerlo por otra vía se enfrentaría con el poder legislativo, judicial, las fuerzas armadas y con la gran mayoría de colombianos. Invito al Gobierno a concentrarse en resolver los crecientes problemas que aquejan a la población; una de las formas es implementar el acuerdo de paz que no requiere ni constituyente, ni acuerdos especiales, sino voluntad política y capacidad para traducir las intenciones en realidades”.
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Lo propio hizo el expresidente Iván Duque, quien sostuvo que buscar una Constituyente sin seguir los procedimientos constitucionales solo tiene como objetivo “perpetuarse en el poder, utilizando como pretexto el Acuerdo con las Farc o un eventual contrato por adhesión a las pretensiones del ELN”.
Por ello, el exmandatario manifestó que Petro debe cumplir su mandato hasta el 7 de agosto de 2026, “ni un día más ni un día menos. Cualquier intento de violar la constitución debe ser respondido con firmeza por toda la institucionalidad. El país unido rechazará cualquier intento de romper con la legalidad”.
La tesis de que el Acuerdo de La Habana abre la puerta a una constituyente no es más que un embeleco, como dice Santos, cosa que reforzó este fin de semana el senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del gobierno Santos en Cuba.
En su cuenta de X, el senador dijo: “No es cierto que en lo acordado esté implícita la autorización para buscar una constituyente, y menos la tesis de que las partes se ponen de acuerdo por fuera de la legalidad colombiana e imponen una constituyente por fuera de las normas constitucionales (...) la constituyente está regulada en la Constitución y exige una ley del Congreso”.