Salvatore Mancuso –exjefe paramilitar– recuperó virtualmente la libertad después de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le revocó hasta 57 medidas de aseguramiento que se mantenían en su contra.
La decisión fue del magistrado José Manuel Bernal Parra y solo restarían un par de trámites legales ante el Inpec para que al exparamilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le den el boleto de salida de la cárcel La Picota de Bogotá.
Si no se presentan recursos a la decisión, sería cuestión de días para que Mancuso recobre la libertad condicionada. No podrá portar armas, no podrá salir del país y deberá radicarse en Medellín, la ciudad que había elegido para vivir. La Justicia le ordenó mantenerse lejos de los territorios donde tuvo mayor poderío criminal (región Caribe).
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La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) reclamó competencias para llevar los procesos del paramilitar. Pues lo considera un agente bisagra –articulador entre organismos del Estado y los paramilitares en el conflicto– y la decisión final sobre este asunto está en manos de la Corte Constitucional.
Mientras llega el veredicto del tribunal constitucional, Justicia y Paz sigue siendo el juez natural del exparamilitar que llegó a Colombia en febrero pasado después de pagar una pena de 16 años en Estados Unidos por narcotráfico.
Pero en el proceso de libertad de Mancuso, hay un elemento que puede convertirse en una piedra en el zapato. Hacia el final de la audiencia, el magistrado Bernal Parra indicó que el expara tenía tres condenas en la justicia ordinaria y que –al pertenecer a otra jurisdicción él no tenía competencia–.
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Se trata de tres sentencias dictadas por jueces de Valledupar, Montería y Bogotá por hechos relacionados con el conflicto. Una de ella tiene orden de captura vigente, por lo que se deberá determinar si en el escenario ordinario se suspende también esa medida.
Como las sentencias vigentes son relacionadas con el conflicto, existe una probabilidad alta de que la justicia ordinaria se acoja a lo que determinó el tribunal de Justicia y Paz.
El excomandante paramilitar, tiene una asignación del Gobierno de Gustavo Petro como gestor de paz. El jefe de Estado confía en que su conocimiento y experiencia criminal aporten al desarme de estructuras que adoptaron las prácticas de los paramilitares. Mientras tanto, las víctimas, miles en todo el país, esperan verdad, justicia y reparación. Sus muertos y desaparecidos siguen en la impunidad.
