El vicecontralor en funciones de contralor general de la república, Carlos Mario Zuluaga Pardo, rechazó “enfáticamente” la vinculación del ente de control en la acción popular interpuesta por el Ministerio de Salud contra de 21 EPS.
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El pasado 14 de enero el Ministerio de Salud dio a conocer una demanda contra las aseguradoras por “vulnerar el derecho de acceso a la salud al incumplir con la obligatoriedad de constituir y mantener las reservas técnicas”.
El vicecontralor en funciones, no obstante, rechazó tanto su vinculación al proceso judicial como la solicitud de que se le aplique un interrogatorio y de que se pretenda “coactivamente” la realización de una auditoría forense a las entidades de salud.
Para el titular del órgano de control fiscal no es claro si la acción popular lo vincula como demandado o como testigo técnico, pues los informes que haga llegar la Contraloría en cualquier expediente judicial deben observarse bajo “el valor probatorio que corresponda”.
“Nuevamente, el Ministro de Salud desconoce la autonomía del ente de control, como cuando quiso ordenarnos levantar el velo corporativo de las EPS sin que mediara actuación administrativa para ello”, manifestó Zuluaga.
Zuluaga hizo “una invitación cordial” al ministro Jaramillo, a quien llamó “a respetar las esferas de competencia autónoma del ente fiscalizador para garantizar la colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público”.
La idea del contralor es que no se convierta a la Contraloría, en el marco de un proceso ante juzgados, “en contraparte de uno de sus sujetos vigilados”, entendiendo que el Ministerio de Salud es una institución pública vigilada a nivel fiscal por la entidad de control.
En la acción judicial en mención, el ministerio consideró que tal vulneración impide garantizar los pagos para la prestación del servicio de salud y asumió que se transgredieron los derechos colectivos al patrimonio público, la moralidad administrativa y a la prestación “eficiente y oportuna” del servicio.
La demanda se dirige también a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Contraloría General de la República, pues solicita que se vincule a ambas entidades como encargadas de proteger los derechos colectivos que alega afectados.
La cartera, en cabeza de Guillermo Jaramillo, le pidió al juez que conozca el caso que “decrete y practique interrogatorio” al contralor Zuluaga, no solo por su rol como contralor, sino para tener sus respuestas como “testimonio técnico”.
Así mismo, le pidió a la justicia que le ordene a la Contraloría realizar una auditoría forense para analizar, evaluar e interpretar la información financiera reportada por las 21 EPS demandadas, precisamente en el marco de las llamadas reservas técnicas.
La Contraloría General expresó su oposición “a la solicitud del Ministerio para que se le practique interrogatorio y se le obligue a realizar estudios forenses a las EPS, sin que medie una actuación de control fiscal”.
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