El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, anunció que prolongó por un año más la intervención forzosa administrativa a la entidad promotora de salud (EPS) Emssanar, que está bajo esa condición desde julio de 2022.
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Según la entidad, la prórroga del tiempo de intervención busca “mitigar las pérdidas financieras y el déficit presupuestal que enfrenta la entidad, centrándose en la mejoría de la atención a la población usuaria, depurar los estados financieros, sanear las deudas acumuladas y fortalecer los procesos de facturación y cartera”.
Emssanar tiene presencia importante en el Valle del Cauca —principalmente en Cali y Buenaventura—, Nariño y Putumayo. En el Valle cuenta con el 42 % de sus afiliados y en los otros dos departamentos tiene el 51 %.
Esta es la segunda extensión de la intervención para administrar que se ordena sobre esta EPS. La primera fue en junio de 2023, cuando había transcurrido un año de la decisión; ahora la extensión de esa medida será de otro año, por lo cual estará bajo el control del Gobierno hasta junio de 2025.
En los dos años que han pasado desde entonces, se ha cambiado tres veces la persona que realiza las funciones de interventor. La aseguradora cuenta con 1,9 millones de afiliados.
Por otro lado, entre los argumentos para prorrogar la decisión señalaron que lo consideran conveniente para “garantizar de manera integral el acceso a los servicios de salud que requieran los usuarios”.
La actualidad empresarial de esa EPS, según datos que envió Emssanar al Congreso, muestra que tienen un déficit de más de $1.936 millones en el capital mínimo, así como que no cumple con los indicadores de ley, como las reservas técnicas (plata para pagar cuentas futuras basadas en cálculos previos) y patrimonio adecuado.
Vale recordar que Emssanar hace parte de las EPS que están intervenidas por la Supersalud, entre las que se encuentran otras aseguradoras como Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Asmet Salud y Sabia Salud, cuyos afiliados suman más de 25 millones.
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