Volvió al ruedo político la reforma a la salud, en su versión 2.0. Y con esto revivió el eterno debate sobre si el Gobierno escuchó a los actores del sistema y a las organizaciones civiles, de pacientes y médicas para construir el proyecto que radicaron la semana pasada en la Cámara de Representantes.
A juzgar por las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y de su antecesora, Carolina Corcho, el articulado sigue siendo igual en su fondo, aunque con menos artículos. Aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, los contradice y sostiene que su contenido es “sustancialmente distinto”.
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Denis Silva es vocero de la organización Pacientes Colombia, una de las asociaciones que han seguido la pista al manejo que el Gobierno le ha dado al sector salud. En entrevista con EL COLOMBIANO habló de la nueva versión de la reforma, de cómo fueron las reuniones con el ministerio del ramo y de los recientes ataques que ha recibido en redes sociales por su activismo.
¿Es o no es una nueva reforma a la salud?
Es una nueva radicación con el mismo texto y reducido, pero el articulado es el mismo. Ni siquiera el Gobierno quiso modificar el valor que se les pagaría a las Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGSV), que es muy alta para las nuevas funciones que tendrían. Se habla de un 5 % fijo y un 3 % variable de la unidad de pago por capitación (UPC). Pero de fondo no cambia en nada. Las funciones siguen enredadas entre las EGSV, los centros de atención prioritaria en salud (CAPS) y los entes territoriales.
Además, hay una línea bastante fuerte que crea un monopolio con la Administradora de Recursos de la Salud (Adres), porque centran ahí todo lo que tiene que ver con recaudo, pero queda con la gestión administrativa de las EGSV y, al tiempo, estas quedan como tramitadoras de los CAPS. Y se incrementa el gasto administrativo del sistema, porque a las Adres y a las EGSV habrá que pagarles más por las nuevas responsabilidades.
¿Por qué es muy alto el pago a las futuras EGSV?
Porque no tendrían funciones vinculantes, el usuario siempre dependerá del CAPS. Entonces, si no tienen funciones vinculantes, hasta un 8 % de la UPC es un valor exageradamente alto. Hoy las entidades promotoras de salud (EPS) se encargan de hacer la afiliación y es el responsable del pago a los prestadores, de las auditorías, de la garantía del derecho a la salud y de hacer los trámites con los agentes del sistema. Con la reforma, mañana esos trámites van a estar atomizadas en distintos actores.
La Adres tendrá la administración y el riesgo financiero, los CAPS tendrá una buena parte de responsabilidad, los entes territoriales también y las EGSV tendrán una mínima responsabilidad. Lo que nosotros le dijimos al Ministerio de Salud es que si les van a quitar responsabilidades, entonces quítenles el valor de pago. Es una reforma que favorece a las gestoras.
¿Cree que la Adres podrá asumir las funciones que le pone la reforma?
En Pacientes Colombia estamos convencidos de que la Adres no tiene la capacidad técnica y administrativa para el reto que le pone la reforma. En segundo lugar, el Gobierno se contradice porque dice que no a los monopolios, pero con esa propuesta genera un súper monopolio con la Adres. Es como si estos fueran malos si son otros, pero bueno si es de ellos.
Y en tercer lugar, se nos va a disparar el gasto en funcionamiento de la Adres, que se va a convertir en una bolsa de empleo para los gobiernos y se politizará. Tanto para este gobierno, como para cualquiera que llegue luego. Será un fortín político y tendrá más responsabilidades que el Banco de la República y con cero controles. Le advertimos esto al Gobierno, pero nos dijeron que estábamos partiendo desde la desconfianza.
¿A cuántas reuniones asistieron con el Ministerio de Salud antes de que presentaran la reforma?
Estuvimos en tres mesas de trabajo de 14 horas. Les mostramos cuáles eran nuestras líneas de acuerdo con la reforma y cuáles eran las de desacuerdo. Contrario a lo que nos dicen con ataques, nosotros sí queremos una reforma. Sin embargo, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, no permitía que se modificara una coma del proyecto.
Lo mismo le pasó a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y otros gremios. Cada vez que se reunían con él no permitía modificar nada, así el ministro Guillermo Jaramillo le dijera que teníamos razón en algo.
¿Qué expectativas tiene con lo que se viene en el Congreso?
Quisiera partir del principio de buena fe y que el debate se dará desde lo técnico, pero la ambientación que se está haciendo desde congresistas como Martha Alfonso, David Racero y Alfredo Mondragón indican que va a ser lo mismo de la legislatura pasada.
Van a meter el acelerador y a pupitrear y no van a hacer mesas técnicas, sino solo audiencias públicas en la que los intervinientes solo tienen 15 minutos para hablar, pero de eso no sale nada distinto.
Estos días ha sido blanco de ataque en redes, ¿por qué?
Inició por un trino de Gonzalo Guillén, que nunca entendí. Me dijo que yo me autoproclamé representante de los usuarios del sistema de salud, pero en realidad hago parte un movimiento social (Pacientes Colombia) que existe desde 2009. Me llama la atención el odio de las bodegas, que son cuentas creadas hace poco que disparan amenazas y luego se pierden. Me han dicho que soy defensor de las EPS y que me van a acribillar, pero eso no es gratuito. El semestre pasado inició una campaña de desprestigio contra la hermana María Inés Delgado (de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales) y ahora lo hacen conmigo.
He tenido independencia para darle palo a las EPS, al Congreso y a todos los Gobierno, entonces no entiendo por qué con este gobierno no puedo serlo. Yo hasta voté por el presidente Petro, pero estoy tan arrepentido. Esas campañas en redes buscan deslegitimar la participación de movimientos que pensamos distinto en el tema de salud, pero pensar distinto no me ubica en la oposición. Espero poder denunciar a Guillén por incitación al odio y porque lo que dijo no es verdad.
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