Dicho proyecto de ley cursa su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, en donde está a punto de hundirse por el apoyo mayoritaria a la ponencia de archivo. ¿Qué pasará?
Este martes, la reforma a la salud vuelve al ruedo en el Senado. Sin embargo, a diferencia de su anterior paso por la Cámara de Representantes, el proyecto más importante para el Gobierno de Gustavo Petro ahora hace agua y parece que su caída en inminente.
Sin embargo, la reforma —que hace curso en su tercer debate en la Comisión Séptima— no podrá empezar a ser discutido de inmediato porque primero tendrán que superar al menos cuatro recusaciones que se han presentado y los impedimentos que tendrán los senadores.
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Esto, por lo menos, se tomaría al menos toda la sesión y se retomaría hasta la otra semana la exposición y votación de las tres ponencias: la oficialista, que apoya el Pacto Histórico y el Gobierno; la alternativa, que apoya el senador Fabián Díaz (Alianza Verde); así como la de archivo, que apoyan nueve de catorce senadores de esa corporación.
Sin embargo, la actualidad de ese proyecto —cuyo futuro está más allá que acá— es el resultado de un camino de más de un año en el que acumuló críticas, alertas, fallas en su proceso legislativo, incógnitas sobre su financiación y preocupaciones de gremios médicos.
En ese sentido, tres expertos en la salud expresaron cuáles fueron los grandes pecados capitales de la reforma que la tienen con respirador artificial.
El exministro de Salud Alejandro Gaviria (2012-2018) le expresó a EL COLOMBIANO que los pecados del proyecto giran en torno a los aspectos técnicos (conocimientos y postulados especiales sobre un tema).
En primer lugar, mencionó la falta de claridad sobre los costos y la ausencia de aval fiscal, así como “sobre el papel de las gestoras (de Salud y Vida, en lo que se convertirían las actuales EPS), a las cuales les entregan 5 % de los recursos por unas tareas difusas y subsidiarias”.
Por otro lado, señaló que el proyecto destruye “los incentivos para el control del gasto y la gestión financiera” y además fragmenta “los servicios de primer nivel y alta complejidad, que agravará los problemas de acceso” a los servicios de salud.
Y por último, agregó “la concentración de funciones en la ADRES (Administradora de los Recursos de la Salud) sin las capacidades necesarias ni la preparación suficiente, lo que resultará en mayor corrupción” y el “tarifario único (instrumento de referencia de precios de actividades, intervenciones y procedimientos en salud), que llevará a todo tipo de problemas de disponibilidad de servicios”.
A su vez, la directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, Claudia Vaca, se refirió al error de “haber priorizado esa sobre otras reformas cuando hay otros problemas que estaban en la agenda reformista y que tenían mayor relevancia e impacto y podrían haber tenido un trámite menos problemático”.
Como consecuencia de esto, Vaca sostiene que el presidente Gustavo Petro “echó por la borda su coalición de Gobierno” cuando pudo haberla “mantenido un periodo más largo con un bloque de fuerzas diversas que estaban comprometidas con su agenda”.
Por otra parte, habló de la “falta de claridad de algunos componentes y cambios estructurales, en especial el tema de la figura de las EPS, pues el objetivo ha sido muy radical frente su eliminación, lo cual generó mayor confusión y riesgo porque afectó la confianza”.
Así mismo, mencionó la decisión del Gobierno “de adelantar la reforma por fuera del Legislativo”, en referencia al “mecanismo de presión de ahogo a las EPS para generar una presión y que cedieran”. Por esta razón, “la ciudadanía está empezando a sufrir esas presiones”, puntualizó.
Desde la academia, el profesor de economía y experto en salud de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, manifestó que hubo falta de concertación, lo cual se refleja en “no estar dispuesto a escuchar a los demás actores del sistema de salud”.
“El más serio es la idea de generar una política pública desconociendo por completo todo lo que se sabe desde la academia sobre la creación de estas, pues no usa evidencias y experiencias y eso debilitó el poder de convencimiento del Gobierno”, aseveró.
Finalmente, dijo que el impulso a la reforma fue una estrategia “de combinar las formas de luchas, como la presión al sistema”. Sobre esto, expresó que “era una estrategia calculada para desestabilizar o es una incapacidad de los funcionarios del Gobierno, dada las características y la forma en que se movilizó la discusión en el Congreso”.
Por ahora, el ambiente en la Comisión Séptima del Senado gira en torno a la propuesta del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sobre construir una nueva ponencia que recoja las posturas consignadas en la ponencia de archivo, en la alternativa y en la de Gobierno.
“Proponemos construir entre todos una sola ponencia, tendríamos que consultarlo e, incluso, hablar con el presidente (Gustavo Petro). No queremos hacer jugaditas por debajo de la mesa”, declaró Velasco.
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