Ante esto, Keralty argumentó que la situación financiera de esa EPS “es provocada en gran medida por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC (unidad de pago por capitación), la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada”.
También recalcó que la Supersalud no consideró que en diciembre de 2023 “Sanitas presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud un plan de reorganización institucional sobre el cual no hubo decisión alguna”.
Frente al número de quejas interpuestas por los afiliados, que señaló la Supersalud como argumento para la intervención, Keralty señaló que “reflejan un análisis parcializado que no corresponde a la realidad del servicio de la EPS”, pues considera que la cifra “es similar a la media del sector”.
“Frente al tema de reservas técnicas, hacemos claridad en que hoy la EPS cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los 800 mil millones de pesos”, agregó.
Por último, la empresa advirtió que la intervención a Sanitas “puede comprometer la prestación del servicio a nuestros 5,8 millones de afiliados” y que deja un precedente que “cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país”.
Keralty anunció que está analizando acciones a tomar para hacerle frente a esa decisión y así recuperar “la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”.
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