Según el Centro de Estudios Económicos ANIF para el año 2024 se requerirá un incremento mínimo del 15 % en la UPC y un 10.6 % en los Presupuestos Máximos, sumando un total necesario de $44,6 billones.
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De esta manera lo manifestó la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), que además hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para tomar medidas decisivas ante la crisis en el sistema de salud.
El enfoque prioritario es la definición adecuada de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos (PM) para el próximo año.
Según un estudio reciente desarrollado en colaboración entre Afidro y ANIF, el aumento de la prima de la UPC en los últimos tres años ha sido insatisfactorio.
Este hecho se agravó con el incumplimiento persistente en la asignación de los Presupuestos Máximos, cruciales para financiar tecnologías en salud destinadas a pacientes con enfermedades huérfanas y raras, cáncer, VIH y otros servicios sociales complementarios.
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El informe señaló un preocupante hueco fiscal asociado a la subestimación de la UPC y los cambios en los PM, alcanzando aproximadamente los $9.6 billones entre 2021 y 2023.
Esta cifra reflejó una amenaza directa a la sostenibilidad financiera del sector y, en última instancia, a la salud de la población.
Con la contundencia de los números, Afidro destacó que avanzar en la garantía de la UPC no solo es un tema financiero sino un imperativo de derechos, equidad y oportunidad.
El llamado de atención a días de cerrar el 2023 se une al coro de actores del sector, la academia y la sociedad civil, todos enfocados en la necesidad de un ajuste integral.
El estudio ANIF pone de manifiesto que el ajuste de la UPC debe considerar, además de la inflación, el aumento en las frecuencias de uso, los cambios en los patrones de morbilidad, el envejecimiento poblacional y la creciente demanda de servicios de salud. Todos estos factores generaron un desfase significativo después de la pandemia por el Covid-19.
Afidro reiteró su llamado al Gobierno Nacional para emprender acciones inmediatas que garanticen el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos.
Esto implica asegurar un flujo de recursos adecuado en el sistema de salud y la fijación de una UPC que responda a las necesidades actuales, según la información disponible para tal fin.
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