Por medio de una carta, un grupo de exministros de Salud en Colombia se dirigieron al actual ministro del presidente Gustavo Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo. En este documento, hicieron un llamado a la concertación nacional para evaluar el sistema de salud actual en el país y cuestionaron la intervención de la<b style="background-color: initial;"> Supersalud a Sanitas y Nueva EPS. “Agravaron la inminencia del colapso. Además, ha quedado la evidencia ante la opinión pública que fueron decisiones improvisadas, sin pensar en los usuarios y pacientes, carentes de técnica y eventualmente antijurídicas”, reclamaron.
Los remitentes plantearon sus preocupaciones referentes al sistema, que según dijeron, se encuentra en un posible colapso, debido al manejo que le ha dado el Gobierno Nacional, como los problemas estructurales de financiamiento que enfrenta. “Como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, no se trata de quién tiene la razón y mucho menos de quién impone su razón; se trata de encontrar entre todos los consensos que nos convenga a los colombianos y renovemos así el contrato social por la salud del país. Señor ministro, quedamos atentos a su respuesta”, se lee en la carta.
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“Las intervenciones realizadas por la Supersalud sobre Sanitas y Nueva EPS, como reacción del gobierno nacional ante el hundimiento del proyecto de ley, no fueron tampoco decisiones acertadas. Por el contrario, agravaron la inminencia del colapso. Además, ha quedado la evidencia ante la opinión pública que fueron decisiones improvisadas, sin pensar en los usuarios y pacientes, carentes de técnica y eventualmente antijurídicas”, dice en la carta.
En el documento también pusieron sobre la mesa, con preocupación, la situación de Compensar EPS y su posible liquidación, añadiendo que la falta de pagos de deudas atrasadas por presupuestos máximos e incrementos de siniestralidad, son una realidad, pero advirtieron que no se le ha prestado la debida atención.
A su vez, indicaron que 25 millones de colombianos se encuentran bajo la responsabilidad directa del gobierno por su seguridad social, por lo que exigen una protección en salud a los usuarios de las EPS intervenidas.
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Dentro del documento hicieron algunas propuestas al ministro Jaramillo con las que pretenden llegar a respuesta ante diversas dudas sobre cómo el gobierno sacará a flote el sistema actual del país. Entre ellas está la realización de una mesa de concertación nacional.
“El sistema de salud necesita liquidez de manera urgente, porque la desfinanciación afecta toda su cadena de valor hasta el prestador y lesiona la oportunidad en el acceso de usuarios y pacientes a los servicios y a las prestaciones, así como la calidad”, dice en el documento.
Entre las firmas dentro del documento están las de los exministros Alejandro Gaviria, Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Gabriel Rivero Dueñas, Diego Palacio Betancourt, Beatriz Londoño Soto, Fernando Ruiz Gómez, entre otros.
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La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, respondió recientemente a la investigación que anunció la Fiscalía con el fin de investigar si se incurrió en presuntos actos de corrupción en la destinación de recursos públicos a las EPS por medio de la Unidad de Pagos por Capitación (UPC).
En un documento, Acemi explicó que “el pasado 19 de febrero la Contraloría General de la República (CGR) publicó un documento denominado ‘Situación Financiera de 26 EPS con las IPS y proveedores de la red de prestadores de servicios con corte a octubre 31 de 2023’, que da cuenta de un presunto incumplimiento de los indicadores financieros de las EPS, específicamente en reservas técnicas, patrimonio y margen de solvencia. Tres días después, el Gremio remitió a la Contraloría sus observaciones solicitando la revisión de la metodología empleada en tal análisis, a fin de asegurar la consistencia en la evaluación que se realiza a las EPS por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud y la CGR”.
