En un ambiente crispado en el sector salud, este martes el Ministerio de Salud le agregó una preocupación más. Publicó en su página un proyecto de decreto que busca establecer el establecer el tarifario único para la prestación de los servicios de salud.
El documento, de 297 páginas, enumera la lista de intervenciones atenciones con el respectivo valor que se les pagaría a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) —que son las clínicas, los hospitales, laboratorios, etc.— que las realicen.
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Según el objeto del borrador, que por ser un proyecto no está en firme, se busca “establecer el sistema de tarifas y sustituir el Manual de Régimen Tarifario para la atención médica, quirúrgica y hospitalaria de las víctimas de accidente de tránsito, desastres naturales, atentados terroristas y demás eventos catastróficos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social”. Eventos a los que suman la atención de urgencias de otra naturaleza, si no hay acuerdo entre las partes (o sea, entre las entidades promotoras de salud y los prestadores).
Para entender esto vale la pena una explicación. En Colombia no existe un manual tarifario: una guía de precios para cobrar por los servicios de salud. El único que hay es el del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) y el del desaparecido Seguro Social (Instituto de Seguros Sociales), que data de 2001, se ajustaba por inflación y que está en desuso total. Por lo cual, desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esas tarifas se negocian —bajo el concepto del libre mercado— entre las EPS y las IPS con las que contrate para atender a sus afiliados.
Con esto claro, a primera vista y según el objeto del decreto, ese manual tarifario único se aplicaría a las atenciones en salud que se deriven de eventos causadas por accidentes de tránsito, desastres naturales, atentados terroristas y urgencias de otra naturaleza.
No obstante, las críticas que se han conocido sobre este borrador se han encaminado a que el manual tarifario será para todas las atenciones en salud. EL COLOMBIANO le pidió al Ministerio de Salud una claridad sobre el alcance de las tarifas allí expuestas, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.
Al respecto, el profesor del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, interpreta que así sea un campo de acción a eventos catastróficos, “es una señal de lo que podría darse si se impone como obligatorio” en el sistema de salud.
¿Qué critica del proyecto de decreto?
Uno de los primeros en brincar fue el exministro de Salud (2012-2018), Alejandro Gaviria, quien apuntó sobre el borrador que “ocasionará la segregación completa del sistema de salud. Los mejores hospitales privados se dedicarán a la medicina privada”, que ocasionará que el sistema de salud sea “más desigual y fragmentado”.
Por su parte, el investigador de sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, desempolvó sus trinos de hace tres meses en el que advertía que medidas así se venían. Al respecto, el experto señalaba que “los mecanismos de desarrollo y actualización de manuales tarifarios son imperfectos e introducen una distorsión adicional a la ya existente brecha entre el contenido de la UPC (unidad de pago por capitación) y su valor”.
Además, calificó los manuales tarifarios como “complejos”, por lo cual “los manuales tarifarios suelen diseñarse y actualizarse de arriba hacia abajo, como una suerte de ajuste histórico en la distribución de recursos por servicio o tecnología”. Y señaló que esta estrategia “paradójicamente sepultará la oferta pública de servicios de salud”.
Por otro lado, la neuróloga e investigadora en salud, Camila Pantoja, anotó que el proyecto “es absolutamente precarizante y va a generar una migración de médicos” y que “cuando se precariza el trabajo en salud, todos se van y cualquier sistema, por bueno que sea, colapsa”.
En diálogo con este diario, el consultor en salud y PhD en salud pública, Ramón Abel Castaño, aseguró que intentar controlar los costos mediante decreto puede generar dos “consecuencias predecibles”. La primera es que “las IPS privadas dirán que las tarifas está muy bajitas y preferirán cerrar los servicios que no les sean rentables”, con lo cual “enfrentaríamos una problemática de déficit de oferta y cierre de servicios” que terminaría en que esa oferta de servicios se pase para las prepagadas y, por consiguiente, el gasto de bolsillo suba”.
Y la segunda, es un escenario probable en el que las IPS induzcan la demanda de esos servicios a los usuarios para que así no vean disminuidos los pagos que reciben. “Por ejemplo, si por una endoscopia cobran $100, pero el decreto les dice que es a $80, ya no hagan 100 endoscopias a la semana que les representaría $10.000, sino 120 que le dejaría $9.600 y así equilibrar”, agregó dejando en claro que es una situación hipotética y no una regla generalizada.
Entre tanto, la directora del Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder, Claudia Vaca, opinó que el tiempo que dejó el ministerio para hacer comentarios al decreto es corto, pues “se necesita hacer anotaciones, identificar variables que pudieran estar sesgadas y entender la metodología que usaron para construir ese manual”.
Así mismo, mencionó que es urgente conocer “cuáles van a ser los mecanismos de actualización y adaptación de ese manual a la luz de las condiciones tan diferentes en las afliaciones a las EPS, pues no es igual en todas en cuanto a la territorialidad, la población afiliada y las zonas de prestación de servicios”.
Sin ir más lejos, las preocupaciones en el sector y los profesionales de la salud no cesan ante las decisiones del Gobierno Nacional, que ahora parece enfilar sus acciones a los prestadores de salud. Aún así, el decreto es un borrador y está abierto a comentarios. ¿Escuchará el ministerio las preocupaciones?
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