La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, respondió a la investigación que anunció la Fiscalía con el fin de investigar si se incurrió en presuntos actos de corrupción en la destinación de recursos públicos a las EPS por medio de la Unidad de Pagos por Capitación (UPC).
Con la investigación, se tomará el material probatorio para establecer si hubo actuación penal imputable en las operaciones e inversión de recursos destinados al pago de las UPC y los presupuesto máximos que transfiere la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), para los servicios y tecnología que no están dentro de la UPC.
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En el proceso de investigación, el ente acusador también incluyó establecer si han existido malos manejos en el pago de horarios no laborados y la compra de implementos que no se necesitan en el plan de salud.
El anuncio se conoció durante una reunión en las instalaciones de la Contraloría General de la República, liderada por el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga, con la participación del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.
En un documento, Acemi explicó que “el pasado 19 de febrero la Contraloría General de la República (CGR) publicó un documento denominado ‘Situación Financiera de 26 EPS con las IPS y proveedores de la red de prestadores de servicios con corte a octubre 31 de 2023’, que da cuenta de un presunto incumplimiento de los indicadores financieros de las EPS, específicamente en reservas técnicas, patrimonio y margen de solvencia. Tres días después, el Gremio remitió a la Contraloría sus observaciones solicitando la revisión de la metodología empleada en tal análisis, a fin de asegurar la consistencia en la evaluación que se realiza a las EPS por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia Nacional de Salud y la CGR”.
En el comunicado indican además que, “los requerimientos de la CGR en el marco de la actuación se refieren principalmente a los usos de la fracción del gasto administrativo que hace parte de la UPC y que reciben las EPS para su funcionamiento, que son objeto de aclaración y sustento”.
“En el marco de la actuación especial de fiscalización al uso de los recursos de la UPC y de los No PBS girados por ADRES a las EPS, la CGR ha requerido a algunas EPS para suministrar información que sustente la correcta gestión administrativa y fiscal de los mismos. El último requerimiento fue notificado a las EPS el pasado 3 de abril y concede un plazo de 3 días hábiles a las EPS para dar respuesta y allegar toda la información que soporta el uso de los recursos”, señaló Acemi en el documento.
