Dos de los más grandes e importantes hospitales de Bogotá están al borde del colapso financiero. EL COLOMBIANO investigó y descubrió una historia con consecuencias inminentes para salud de miles de personas que dependen del Hospital Universitario Clínica San Rafael y la Clínica Centenario. Una serie de renuncias en la dirección del primero y retrasos en los pagos a los profesionales en salud, proveedores y otros actores dejaron en evidencia una crisis que se originó en Estados Unidos con un grupo económico que se declaró en quiebra. Lo que ha seguido desde entonces es un efecto dominó para sus clínicas en varios países. Les deben hasta seis meses de pagos a profesionales de salud que trabajan allí, así como a proveedores de servicios e instrumentos.
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Dos fuentes distintas le contaron a EL COLOMBIANO que esas clínicas no tienen materiales para atender sus pacientes debido a falta de pagos a sus proveedores, lo cual, sumado al atraso en los pagos a los médicos, deja en grave riesgo la atención de miles de pacientes. En el caso de la San Rafael, es el principal hospital de cuarto nivel del sur de Bogotá.
Incluso, ambas fuentes cuentan que hoy en día no tienen cómo hacer cirugías cardiovasculares, cálculos urinarios, tratamientos de cáncer, procedimientos gástricos o para atender una herida menor.
“No hay insumos para hacer ablaciones, cirugías de corazón y el sábado (31 de agosto) no había papel para (hacer) electrocardiogramas en urgencias”, dijo un cirujano vinculado a la Clínica San Rafael que pidió reserva de su nombre.
La otra persona que hace parte de los proveedores afectados por los no pagos y que habló con este diario sobre la situación, señala que las deudas con ese sector podrían ascender hasta los $100.000 millones y que dos renuncias los dejaron aún más preocupados.
El director general y el director administrativo de las dos clínicas renunciaron. Se trata de Fred Armando Piza Tovar y Javier Cortes Muñoz, respectivamente. El primero renunció a su puesto el pasado jueves y el segundo este martes.
La razón que les daban de la falta de pagos a los proveedores afectados es que no había plata y que no les estaban llegando los recursos necesarios, algunos de ellos provenientes de los presupuestos máximos con los que el Gobierno debe girar a las EPS los cargos para los tratamientos y servicios que no se encuentra en el Plan de Beneficios en Salud. Sin embargo, los dos centros médicos han recibido pagos mediante la modalidad de giro directo durante todo el año. Al menos hasta julio pasado.
En el caso del Hospital Universitario Clínica San Rafael, recibió entre enero y julio la suma de $84.610 millones en pagos por giro directo; mientras que la Clínica Centenario los recibió por valor de $33.426 millones. Una cifra que suma $118.037 millones. Estos datos corresponden a la información pública que está disponible en la página de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
EL COLOMBIANO confirmó de manera independiente que hasta agosto pasado estas dos clínicas estuvieron reportadas en la lista de instituciones prestadoras de servicios de salud que tenían cuentas registradas para giro directo desde la Nación. Aparecen con el estado de “habilitadas”. No obstante, en la de septiembre no salen reportadas.
Este diario se comunicó con el ahora exdirector de estas clínicas, Fred Piza, para conocer su respuesta sobre esta denuncia y respondió: “no me corresponde en este momento”.
Las clínicas San Rafael y Centenario pertenecen a la filial en Colombia de Steward Health Care, una de las empresas de salud privada más grande de los Estados Unidos. En el país están registrados como Steward Colombia y son los propietario de esas clínicas y de la Clínica Los Nevados, en Pereira, y de la Clínica San Rafael, en Popayán.
En mayo pasado Steward entró en bancarrota en el país norteamericano argumentando problemas financieros a raíz del “entorno de atención médica altamente desafiante” en el que influyen factores como la inflación, los impactos de la pandemia del covid-19, la disparada de los costos laborales y el reembolso insuficiente del Gobierno de ese país. El grupo económico tuvo que acudir al capítulo 11 en Estados Unidos con el que se buscan ayudas para detener las deudas y las obligaciones con acreedores mientras que se trata de lograr una reorganización que les permita a las empresas sacar la cabeza del agua. Los dos hospitales se encuentran en este momento operando en Bogotá sin intervención por parte de la Superintendencia de Salud y recibiendo recursos de giro directo, pero con deudas a proveedores y a los especialistas, médicos generales, enfermeros y regentes de farmacia que no se han saldado desde hace meses. Este diario buscó al actual director del hospital San Rafael, cuya renuncia se habría producido en las últimas horas, pero no respondió las preguntas.
Los médicos aseguran que la situación es simplemente improrrogable porque no solamente no les han pagado desde hace meses, sino que ya no están disponibles los elementos necesarios para realizar cirugías y procedimientos básicos. Ni la Alcaldía ni las autoridades en el sistema de salud se han pronunciado hasta ahora.
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