La Contraloría General de la República aclaró que las recientes publicaciones relacionadas con un informe sobre el manejo de los recursos por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), en realidad, corresponden a un informe preliminar.
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En ese sentido, este informe —que señaló que entre 2020 y 2021 al menos 18 EPS desviaron cerca de $9 billones— se encuentra actualmente en una fase de traslado de observaciones hacia las diferentes EPS involucradas.
Según aclaró la Contraloría, el propósito principal de esta acción es permitir que las EPS respondan a los cuestionamientos y observaciones consignados en el informe.
“Aún se encuentra en etapa de traslado de observaciones a las distintas EPS, con el fin de que puedan responder”, señala el comunicado del ente de control fiscal.
Por otro lado, explicaron que cuando “concluya la etapa de revisión se procederá al cierre y publicación del informe, como lo ordenan las guías de la Contraloría, para que se tomen las medidas correspondientes”.
Al respecto, señaló que esas medidas pueden ser procesos de responsabilidad fiscal o “cualquier otra decisión que ordene el procedimiento vigente”.
La Contraloría destacó que en los casos en que existan los presupuestos para formular hallazgos fiscales por presunto detrimento patrimonial se realizarán los análisis jurídicos necesarios para abrirlos.
Los hallazgos preliminares que señala el informe del ente de control señala que esas presuntas irregularidades representan casi un 11 % de la plata que el Estado (a través de la Adres) transfirió a las entidades por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la plata que se entrega por cada persona afiliada en el sistema de salud. Dicha suma se habría usado en el pago de multas, intereses moratorios o pagos fuera de las obligaciones contractuales.
Ante esto, la Fiscalía anunció indagaciones preliminares con el fin de definir las rutas que tuvieron los dineros. Entre tanto, el gremio de las EPS del régimen contributivo, Acemi, respondió al respecto que “la delicada situación que atraviesa el sector salud exige por parte de todos los actores ponderación, rigor y cautela, así como responsabilidad en los mensajes que recibe la opinión pública, hoy temerosa de la estabilidad y del futuro de su sistema de salud”.
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