El sector de la salud sigue reaccionando al anuncio del ministerio del ramo que fijó el aumento de la unidad de pago por capitación (UPC) en un 5,36 % para 2025. En ese sentido, la organización Pacientes Colombia expresó que “de múltiples formas y a través de amplias voces en el sector se hizo un llamado” a esa entidad para que el incremento fuera del 16 %.
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Al respecto, el gremio indicó que “ampliar la brecha entre lo que se necesita y lo que se decreta aumenta los graves riesgos para el sistema de salud colombiano y para la vida de millones de colombianos”. De igual manera, advirtió que la UPC (el dinero que garantiza la atención en salud de los usuarios) seguirá siendo insuficiente y el aumento del gasto de bolsillo será inminente para los pacientes y usuarios del sistema.
“En medio de una crisis cada vez más profunda, los pacientes tendrán que comprar los medicamentos o pagar el total de los procedimientos a los que hoy acceden pagando solo una cuota moderadora”, añadieron en un comunicado de prensa.
Por otro lado, llamaron la atención de que no hubo participación ciudadana que se establece en el artículo 12 de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 y que no obtuvieron respuesta del Ministerio de Salud a los requerimientos que hicieron cuáles EPS entregaron información para el cálculo de ese incremento.
El vocero de la organización, Denis Silva, expresó sobre esto que el Gobierno “está ignorando los derechos de la sociedad civil y se están incumpliendo normas que, en última instancia, complican el futuro de los pacientes en Colombia. Es importante ser conscientes de las acciones que en el presente pueden tener un impacto significativo en la vida de millones de personas que dependen de medicamentos y servicios de salud para mantener su calidad de vida”.
“Una UPC suficiente, basada en los diferentes estudios existentes, podría haber mitigado muchos de los inconvenientes del sistema de salud. Como pacientes, también hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que atienda nuestra solicitud de estado de cosas inconstitucionales, porque aquí se está jugando con el bienestar y la supervivencia de los colombianos”, añadió Silva.
Finalmente, el gremio que agrupa a 199 organizaciones de pacientes manifestó que con esta determinación del ministerio se imponen más barreras administrativas y económicas que obligan, según sostienen, a los pacientes a suspender sus tratamientos y acrecientan los problemas laborales para la fuerza laboral sanitaria.
Sobre lo anterior, explicaron que esa situación implicó un retraso en la transferencia de fondos a las EPS, lo que se tradujo en bloqueos de servicios y en un “atentado directo” contra la salud de los colombianos”.
“La salud no da espera. En el punto en el que estamos, necesitamos acciones concretas. Se ha materializado nuestro gran temor nos condenaron a muerte. Con menores recursos en salud, más muertes”, concluyó Denis Silva.
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