La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) publicó esta semana un análisis sobre el documento en el que el Ministerio de Hacienda entregó sus consideraciones sobre la reforma a la salud.
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Así pues, ese centro de estudios económicos señaló que las proyecciones de ingresos y gastos de la reforma “no es un aval fiscal, pues faltan rubros por estimar y la cartera sostiene que debe haber recorte y redistribución del gasto”.
En ese sentido, la ANIF explicó su concepto basado en que “al final concluye que el flujo de gastos debe analizarse en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”. A lo cual refirió su preocupación por el “recorte de gastos de funcionamiento e inversión del Gobierno Nacional en otros rubros que sirva exactamente como fuente de financiamiento a los costos fiscales referidos”.
Sobre el balance fiscal, el gremio señaló que si se aprueba el proyecto “estaríamos frente a una crisis financiera en el sector salud”, al que se le sumaría “el agravante de que el déficit que deja la reforma debe ser financiado con recursos que hoy son destinados a sectores clave como educación, defensa o trabajo”.
“Como hemos reiterado desde ANIF, el principal problema del Sistema de Salud es el financiamiento. El déficit acumulado entre 2021 y 2023 equivale a $9,7 billones por concepto de UPC ($5,1 billones) y Presupuestos Máximos ($4,6 billones)”, expresó el centro de estudios.
Al respecto, esa asociación señaló que estima que para este año “la necesidad de recursos asciende a $44,6 billones y el PGN presupuesta tan solo $35,3 billones para el aseguramiento en salud, lo que deja sin cubrir un monto cercano a $9,3 billones”.
Por otro lado, la ANIF concluyó que bajo la perspectiva de ingresos y gastos que hizo el Ministerio de Hacienda “el mayor impacto del costeo lo tendrán los primeros tres años de implementación con un monto de $338 billones y con ingresos por debajo de $332 billones, lo que sugiere de entrada un déficit de $6,3 billones solo para los primeros tres años”.
La reforma a la salud está a punto de hundirse en la Comisión Séptima del Senado, en donde esta semana se espera que se discutan los impedimentos para participar en la discusión y votación de las ponencias, cuya versión de archivo es la que tiene el apoyo mayoritario.
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